Es definitivo: el 8 de enero se disolverán las Cortes y las elecciones serán el 2 de marzo

En ese sentido, y según hemos sabido de fuentes solventes, la disolución del Parlamento tendrá lugar el próximo día 8 de enero, inmediatamente después de la fiesta de Reyes.

Pese a numerosos comentarios en contra, sobre todo debido a su debilidad parlamentaria, desde Diariocrítico siempre hemos apostado porque Rodríguez Zapatero agotaría el mandato de cuatro años, como así ha sido. A lo largo de la legislatura, el Gobierno socialista se ha apoyado en sus ‘socios’ de ERC e IU, fundamentalmente, pero también ha abierto en ocasiones un amplio apoyo parlamentario con el objetivo evidente de dejar aislado al PP.

Así ocurrió, por ejemplo, con ocasión de la Comisión de Investigación del 11-M, donde el Gobierno consiguió el apoyo de absolutamente todos los grupos de la Cámara, dejando al PP en una sensación absoluta de soledad. Y lo consiguió también en debates tan importantes como cuando solicitó al Parlamento el permiso para entablar conversaciones con la banda terrorista ETA.


Impulso legislativo final

Queda, pues, muy poco para el 2 de marzo de 2008 y, con la fecha ya en mente, Rodríguez Zapatero impuso a su Grupo un sprint parlamentario para sacar adelante en estos últimos cuatro meses escasos -de septiembre a diciembre- un total de 38 leyes. Este "impulso a la legislatura para cumplir con los compromisos contraídos con los ciudadanos", como lo ha llamado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ofreciendo un giro a las que son para el presidente algunas de las "áreas de gran importancia para la vida del país". Es decir, ese ‘giro social’ que muchos han calificado de electoralista.

En estos últimos meses se ha pisado a fondo el acelerador para sacar, en Justicia, la modificación del Código Penal; el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley de Adopción Internacional; la modificación de la ley Orgánica del Poder Judicial; la reforma del Registro Civil; Navegación Marítima, y Jurisdicción voluntaria. Pero Fernández Bermejo tiene pendiente, sin embargo, la ‘promesa estrella’ de Rodríguez Zapatero: la ley de la memoria histórica cuya aprobación final peligra.

En Interior, Pérez Rubalcaba ha tenido tiempo de sacar adelante los proyectos de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil y reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil (aprobadas definitivamente el jueves en el Congreso), así como la Ley reguladora de la base de datos policial sobre identificaciones obtenidos a partir del ADN.

En Medio Ambiente, Cristina Narbona apretó en estos meses el acelerador en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en los proyectos de protección de la atmósfera y de responsabilidad medioambiental.

José Antonio Alonso, en Defensa, apuró los proyectos de la carrera militar  y el control de comercio exterior en materia de defensa y de doble uso.

En Trabajo, Jesús Caldera procedió a impulsar la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, las medidas en materia de Seguridad Social y la modificación del Estatuto de los Trabajadores.

César Antonio Molina, sustituto de Carmen Calvo en Cultura, quiere cumplir los compromisos pendientes de su departamento, tales como la Ley del Cine y la Reutilización de la información del sector público.

En Economía y Hacienda a Pedro Solbes tiene como objetivo prioritario cerrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero, además, sacar adelante los proyectos de reforma del Mercado Hipotecario y Financiero y de modificación de los coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de los intermediarios financieros.

Bernat Soria, sustituto de Elena Salgado en Sanidad y Consumo, se encontró a su llegada al Ministerio en trámite en las Cortes un proyecto de protección a los consumidores y usuarios sobre la contratación de bienes. Pero el objetivo básico del ministro ha sido el de centrar sus esfuerzos en la investigación.