Menores cuidadores: una asignatura pendiente en protección a la infancia

En el año 1993 se estrenaba '¿A quién ama Gilbert Grape?', protagonizada, entre otros, por Johnny Depp y Leonardo Di Caprio. Gilbert forma parte de una familia extravagante afincada en un pueblecito de Iowa en los Estados Unidos. La vida de Gilbert gira en torno a los cuidados que debe prodigar a su hermano deficiente: bañarlo, acostarlo, preparar la comida, mantener la casa habitable... Situación que dificulta el que Gilbert pueda soñar con un mundo distinto repleto de posibilidades y proyectos, como cabría esperar en la vida de un adolescente.

La situación que plantea este film nos aproxima a una realidad ¿”emergente”? en el ámbito de la protección a la infancia como es la constatación de un número —en progresivo aumento— de menores convertidos en cuidadores informales que, en mas de una ocasión, son además los cuidadores principales. Hijos de padres o madres con discapacidad, hijos de padres o madres con enfermedad crónica invalidante, con problemas de adicción o con algún tipo de enfermedad mental, se ven en la obligación de dispensar cuidados: alimentación, higiene, acompañamiento personal, realización de gestiones, servir de interlocutores...

En los últimos años, además, fruto de los cambios acaecidos en nuestras sociedades contemporáneas (nuevos modelos familiares, acceso de la mujer al empleo, creciente presencia de población de origen extranjero en nuestros barrios y ciudades con modelos y pautas socioculturales diversas, etcétera), muchos menores (niños, niñas y adolescentes) se ven en la obligación/necesidad de encargarse —en ausencia del/la padres/madre durante la jornada laboral— del cuidado y atención de algún familiar o mayor dependiente, realizar todas o la práctica totalidad de las tareas domésticas, asumir la responsabilidad de otros hermanos menores (llevarles al colegio y recogerles, ocuparse de que merienden, coman o estudien, etcétera).

Estas situaciones, no infrecuentes en muchas familias de nuestro entorno en la década de los 80, a día de hoy y fruto de la actual legislación en materia de protección a la infancia se muestran del todo inadmisibles, llevándonos a reflexionar sobre la situación de vulnerabilidad y precariedad socioeconómica y laboral, así como de los entornos socialmente desfavorecidos en los que se encuentran muchas familias en nuestro país.

En el momento presente, cuando el Sistema Nacional de Dependencia (SND) se pone en marcha, miles de personas adultas —sobre todo aquellas que realizan tareas de cuidado— parecen haber encontrado eco a sus demandas, y esperan con entusiasmo la realización de la planificación elaborada por el Gobierno de cara a cubrir los vacíos y deficiencias existentes en el cuidado a personas con falta de autonomía personal. Pero ¿encuentran estos menores cuidadores algún tipo de respuesta a sus demandas? ¿Se pensaba también en ellos en la redacción de la Ley de Dependencias? ¿Alguien presta atención a estas realidades? ¿Algún profesional o servicio se preocupa de poner oído a los sentimientos, pensamientos y actitudes que en relación a su situación de cuidadores tienen estos menores?

Si bien en España el acercamiento a esta realidad es novedosa, en países de nuestro entorno europeo más cercano, como el Reino Unido, se vienen señalando algunos efectos que, sobre los menores cuidadores, tienen las labores del cuidado informal. En este sentido, problemas de conducta y socialización, fracaso y/o absentismo escolar, estrés, ansiedad, falta de sueño o estado de cansancio generalizado han sido algunos de los síntomas detectados con frecuencia y señalados como más influyentes en estos menores.

Estas y otras cuestiones deben llevarnos a reflexionar sobre un asunto de trascendental importancia: ¿hasta qué punto los menores cuidadores inician sus labores de cuidado sin opción de decidir y, con el tiempo, comienzan a asumir como propias y voluntariamente escogidas dichas tareas? ¿Qué nuevas vías de reflexión, investigación e intervención plantean estas cuestiones? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito de los Servicios Sociales de cara a detectar, conocer y analizar esta realidad social? ¿Qué intervenciones novedosas, o no tanto, se deberían poner en acto para, en la medida de lo posible, no se “robe” la infancia a estos menores? ¿Invierte el gobierno español y los respectivos gobiernos autonómicos y municipales lo suficiente en políticas destinadas a la protección de la infancia y las familias?

Hasta aquí nuestra reflexión y, a partir de este momento, un campo inusitado de posibilidades de acción sujetas, como siempre, a que la voluntad política tenga a bien introducir el tema en su agenda antes, eso sí, de que sea demasiado tarde.

José Enrique Arribas
Presidente de Asociación TRAMA