"El Gobierno de Grecia es plenamente consciente de sus obligaciones con los estados miembros del euro, las instituciones europeas y el FMI", afirmaba Papandreu prácticamente desde el comienzo de la misiva para tranquilizar a sus socios europeos que veían cómo se tambaleaban los compromisos acordados en la cumbre de la UE del pasado 26 de octubre. Sin embargo, el primer ministro griego pinta un negro panorama político-social para justificar su decisión.
"Todos los partidos de la oposición se oponen de forma absoluta y feroz a las políticas que intenta impulsar el Gobierno, rechazando de forma pública y aireada las decisiones adoptadas el 26 de octubre. Las huelgas generales, la ocupación de edificios públicos, el cierre del Ministerio de Finanzas, la interrupción del proceso educativo en colegios y universidades, las manifestaciones, los enfrentamientos violentos en Atenas y otras ciudades se han convertido en el pan nuestro de cada día. [...]
La oposición y el nutrido grupo de formadores de opinión, han sacado a relucir interrogantes sobre la legitimidad del Gobierno y ahora empiezan a reclamar elecciones inmediatas [...]. A la vista de estas condiciones, el Gobierno griego está llamado a ponderar dos prioridades nacionales igualmente cruciales: la necesidad de una implementación efectiva de la decisión del 26 de octubre y la necesidad de permitir a la ciudadanía griega que se exprese de modo democrático y pacífico para poner fin a la actual crisis política y social".