MAFO, chivo expiatorio

La dimisión, forzada, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España cierra el primer acto de una tragedia  financiera (el "caso Bankia") en la que todos los participantes -actores y espectadores- conocían de antemano que la representación continúa. Saben que la cabeza del Gobernador solo es la primera, pero esperan más. Unas cuantas más. Por mucho que el PP, con la anuencia del PSOE, se empeñe en impedir la creación de una comisión de investigación (como han pedido Cayo Lara y Rosa Díez), más pronto que tarde, la lógica de la situación acabará imponiéndose. Porque, ¿en qué cabeza cabe que frente al mayor derrumbe bancario de la historia de España (el rescate de Bankia le costará al Estado no menos de  24.000 millones de euros, cuatro billones de pesetas), los ciudadanos no van a aceptar el "pagar y callar" que supone no investigar lo ocurrido? Tienen derecho a saber qué ha pasado y por qué se ha permitido la evaporación (o mala administración) de tanto dinero.
   
Siendo innegable la responsabilidad del dimisionario gobernador -el estatuto del Banco de España le otorgaba autonomía y mandato para inspeccionar las actividades de las cajas y, llegado el caso, para intervenir y sancionar-, no es menos cierto que los responsables directos de la desastrosa gestión de las entidades que protagonizan tan espectacular naufragio bancario son sus gestores directos. Los Blesa, Olivas, Rato, Verdú y el largo etcétera del que también forman parte los miembros de los Consejos de Administración de Cajamadrid, Bancacaja y Banco de Valencia. Consejeros nombrados a propuesta de PP, PSOE, en algún caso de IU (Moral Santín) y, en todos, por los sindicatos. Este es sin duda, el hecho que explica la negativa de PP y PSOE a poner en marcha una comisión de investigación. Temen que al aflorar la verdad: de los favores recibidos, de los créditos condonados, de las compras de terrenos dictadas por las necesidades  de financiación de los ayuntamientos, de los ejecutivos con sueldos millonarios, de las dietas exageradas, de las jubilaciones de oro..., la opinión pública pase del escándalo a la indignación activa. Temen, en suma, la cólera de la gente que de un país que tiene más de cinco millones de parados. Es un error querer tapar el asunto dilatando la creación de una comisión de investigación.
   
Vivimos en democracia y todo se acabará sabiendo. Entre otras razones porque el pasado lunes, un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella contra los mencionados responsables bajo la presunción de que podían haber perpetrado unos cuantos delitos societarios. Tengo para mí que el dimisionario gobernador Fernández Ordóñez no va a estar solo por mucho tiempo en el retablo nacional del oprobio aunque, de momento, haya elegido como único chivo expiatorio. España, los españoles, queremos saber lo que ha pasado. Son minoría quienes aceptan el "paga y calla" que pretenden quienes se niegan a investigar lo ocurrido en Bankia.