EREs: Se acerca el final de la cuenta atrás

a la impresión de que se le está acabando el tiempo a la jueza Alaya. Los últimos informes de la Guardia Civil dejan bien claro dos cosas, que el ex secretario general del PSOE de Sevilla, ex consejero de Empleo y actual senador, José Antonio Viera, está metido hasta las trancas en la trama de los EREs fraudulentos, y que todo el Ejecutivo andaluz, tanto el de Manuel Chaves como el de Pepe Griñán, conocía al dedillo el enjuague de este enorme fraude al erario público andaluz. Las diligencias realizadas por la UCO para la jueza que investiga el escándalo no pueden ser más claras y ponen al descubierto algo que hace tiempo se temían los socialistas, que va a ser muy difícil salir indemnes de este escándalo político de magnitudes enormes, por más capotazos que quieran darle. Que Viera es el siguiente en caer era algo que nadie dudaba. De hecho Griñán lo sabía y forzó su salida del PSOE sevillano y su envío forzoso a Madrid para, en su condición de senador, si fuese imputado por la jueza Alaya, el caso pasase de inmediato al Tribunal Supremo donde los asuntos se eternizan o son más pausibles de ser condicionados que en manos de la pertinaz magistrada sevillana. El ejemplo del asunto de la hija de Manuel Chaves en Matsa, sobreseido por el Supremo, puso en evidencia que el alto tribunal no es el lugar más idóneo para investigar casos tan entramados y complicados como el de los EREs fraudulentos.

Dos cuestiones se plantean ahora. Si la jueza se decanta por imputar a Viera o aplaza su imputación para evitar que le quiten de las manos un caso que ha instruído a la perfección desde hace dos años. Y si, con los nuevos datos del informe de la Guardia Civil en la mano, es capaz de llamar a declarar aunque sea sólo como testigo al mismísimo presidente de la Junta, Pepe Griñán. Según fuentes legales, la posibilidad de que Griñán sea llamado por el caso de los EREs fraudulentos no es muy viable ya que, afirman, si tiene que declarar como testigo lo tendría que hacer no ante la jueza Alaya sino ante el Tribinal Superior de Justicia de Andalucía en su condición de aforado. Es decir, que nos encontramos en una especie de callejón sin salida. Mercedes Alaya no puede ir más allá de los directores generales y el es consejero Antonio Fernández porque cualquier otro peldaño superior en lo que ella llamó "la pirámide de la corrupción" supondría tener que dejar el caso en manos del TSJA o del Supremo y abandonar una instrucción en la que se ha dejado buena parte de sus últimos años de magistrada.

De todas formas, el PSOE se está poniendo muy nervioso ultimamente y eso denota que está viéndole las orejas al lobo cuando creían que su pacto de Gobierno con IULV-CA les iba a suponer una cuota extra de intocabilidad. Si el informe de la Cámara de Cuentas, en el que curiosamente participó uno de los consejeros de IULV-CA, el de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ya apuntaba que Pepe Griñán conocía perfectamente las desviaciones de dinero para los EREs, la investigación de la Guardia Civil va mucho más allá y señala incluso el estravío de algunos documentos comprometedores por parte del último consejero de Empleo, Pepe Recio, apartado oportunamente del cargo por Griñán antes de que sea también llamado a declarar al Juzgado.  Resulta cuanto menos ridícula la postura de los voceros de la Junta acusando a la Guardia Civil y a la jueza de abrir una "causa general" contra la Junta por el atestado en cuestión.

Hombre, que esto lo diga el impresentable del portavoz parlamentario socialista Mario Jiménez, se entiende porque el pobre mío no da mucho más de sí, pero que lo corrabore la número dos de la Junta y del PSOE-A, Susana Díaz, de la que se espera  una mayor denuncia política, supone una pérdida de papeles a la que no estamos acostumbrados. Me da a mí que el próximo Consejo de Gobierno, en vísperas del Corpus, va a ser bastante movido, sobre todo si al socio, IULV-CA, le da por pedir explicaciones, aunque sea internas sobre este turbio asunto. Porque esa es otra. Uno sabe que Diego Valderas está pegado al sillón de vicepresidente con superglú, pero digo yo que las bases de Izquierda Unida -y el sin par Juan Manuel Sánchez Gordillo, tan justiciero él- deberían pedirle explicaciones a su líder sobre si vale la pena mantener en el Gobierno a unos señores que presumiblemente, por acción u omisión, permitieron que el dinero de los parados se destinara a sufragar millonarias jubilaciones anticipadas de militantes socialistas que ni por asomo habían trabajado en su vida en las empresas que les pagaban el sueldo. A lo mejor si le preguntara a su camarada Rodríguez podría aclararle algo del asunto.

Así las cosas, el escándalo de los EREs fraudulentos tiene pocas salidas. La cúspide de la pirámide está tan alta que a la jueza Alaya, por más sherpa Tesing que se sienta, va a serle imposible alcanzarla. Al final, ya lo verán, el caso va a pasar a otro tribunal y se perderá como el barco del arroz. Hasta entonces no podrá respirar tranquilo Pepe Griñán que, seguro, seguro, sueña todos los días con el marrón que le dejo su antecesor, Manuel Chaves junto a Gaspar Zarrías, y que él, fiel como nadie al partido, siguió permitiendo al creerse dueño y señor el cortijo andaluz. Bueno, pase lo que pase, ahí los tenemos. Gobernando de nuevo Andalucía durante los próximos cuatro años como si nada hubiese ocurrido. Dicen que tenemos lo que nos merecemos. A lo mejor es cierto, lo que sí lo es, es que tenemos lo que ha votado la mayoría de los andaluces y eso, de momento, sólo lo puede cambiar IULV-CA, que no lo va a hacer porque el trinque es el trinque, colega, y no están los tiempos como para rechazar un sillón en el Consejo de Gobierno.