El ministro de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, encargado de presidir la reunión de la Comisión, indicó que decidieron tomar esta decisión relativa a este
"claro caso de transfuguismo", por si detrás de la moción de censura que cambió el signo del equipo de gobierno municipal en favor del PP -apoyándose en dos tránsfugas socialistas- hubiera un caso de corrupción.
Por su parte, el secretario nacional de Política Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, recordó que el PP nunca autorizó esa moción de censura. Además, apuntó que la decisión de remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción se tomó por mayoría en el seno de la Comisión, si bien puntualizó que desde su partido no tiene "constancia" de que en el municipio se haya "vulnerado la legalidad".
En este sentido, reiteró que el PP siempre ha "dejado claro" que "nunca ha autorizado" esa moción de censura, entre otras razones, porque "tensionaba y rompía" el acuerdo del Pacto Antitransfuguismo. Además, añadió que no acatar las decisiones del partido es una falta "grave", por lo que a los seis implicados en la moción se les ha abierto expediente y la situación puede "acabar con su expulsión".
Asimismo, subrayó que el PP no tiene "nada que ocultar" en este caso, si bien puntualizó que no tienen "noticias" de irregularidades legales. Recordó, además, que el Pacto dice que si hay dudas sobre posibles indicios de actuaciones al margen de la ley, se puede enviar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, y eso es lo que se ha acordado esta mañana.
El ministro Sevilla presidió la mañana de este martes la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que pasó revista a los últimos casos detectados desde la anterior reunión, el pasado 11 de julio. El pacto tiene previsto volver a reunirse a finales de febrero, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas.
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