Los jueces y los fiscales están llamados a participar este miércoles en
una huelga para protestar contra la politización del Consejo General del
Poder Judicial, la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima"
situación de medios personales y materiales que soporta desde hace
décadas la Administración de Justicia.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un
incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales
españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking
europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de
países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia,
Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja
litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la
corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar
"urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de
gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
Los funcionarios de Justicia también están llamados a concentrarse
entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a sus centros de trabajo en
una acción convocada por los sindicatos CSIF, CC.OO., STAJ y UGT para
clamar contra "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los
registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
Derecho de huelga en un vacío legal No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los
tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la
democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro
socialista
Mariano Fernández Bermejo y desde entonces continúa el vacío
legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no la huelga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar
servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado
14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez,
la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado
que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
Precisamente, la confederación MEDEL, que integra a las
asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo"
respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer
esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas
legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas
del ministro
Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un
rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la
baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del
Pueblo,
Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta
definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso
de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y
recurrida ya por el Grupo Parlamentario Socialista.
"Improvisación" e "imposición"
Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los
operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia.
Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma
Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto"
por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha
convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de
sus reformas.
Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación"
frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido
convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la
Carrera Judicial".
Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron
invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ
pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no
se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al
encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente,
Pablo Llarena.
Precisamente, la APM, mayoritaria en la Carrera y de carácter
conservadora, es la única que se ha descolgado de la convocatoria de
huelga, junto con la Asociación de Fiscales. La Asociación Profesional
de la Magistratura lamenta esta acción cuando existe una crisis que se
proyecta en "tremendas dificultades sociales y un descrédito
institucional larvado y emergente".
No obstante, la APM ha registrado una división entre sus asociados
cuando ha consultado a las bases sobre la protesta. Entre otras, la
Sección Territorial de Andalucía, que representa a la cuarta parte de la
totalidad de la asociación, ha manifestado su adhesión a la huelga.
La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y
magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro
Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación
Profesional e Independiente de Fiscales.
Además, ha contado con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para
Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo
de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y
STAJ. Con todo, estos colectivos han manifestado su disposición a
dialogar y abrir la vía de negociación.
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