La ley de Medidas Urgentes llega al Constitucional

  El Gobierno presentará, a través de un abogado del Estado, este unes el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Consejo de Ministros contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización, aprobada en julio pasado por la Comunidad de Madrid.

   En concreto, el Gobierno central busca la impugnación del artículo 9 de la Ley autonómica del 3 de julio de 2007, que modifica el artículo 100.3 de la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo de 1995, de modo que limita el acceso de los agentes forestales en las fincas privadas si no disponen de orden judicial.

  Según el informe del Consejo de Estado y los criterios técnicos de los Ministerios de Medio Ambiente y de Justicia, la Ley autonómica invade competencias reservadas por la Constitución a la legislación estatal, por ser legislación básica, e invade competencias exclusivas del Estado en Administración de Justicia.

   El recurso se fundamenta en dos objeciones jurídicas: en primer lugar, en que vulnera la competencia que la Constitución reserva al Estado para establecer legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias; en segundo lugar, en que el artículo 9 de dicha Ley de la Comunidad de Madrid vulnera las competencias estatales en materia de Administración de Justicia, otorgadas también por la Constitución, al atribuir a los jueces y tribunales funciones jurisdiccionales no incluidas actualmente en la normativa estatal vigente.

  A juicio del Gobierno socialista, la norma autonómica contradice, además, la Ley estatal de Montes, que no sólo asigna a los agentes forestales la condición de agentes de la autoridad, sino también la de policía administrativa forestal.

   Asimismo, considera que la Ley de Medidas Urgentes de Modernización disminuye la capacidad de actuación de estos agentes al imponerles la obligación de disponer de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales.

  "Con ello se reduce, al mismo tiempo, la defensa del interés público, ya que se merman notablemente las posibilidades de estos profesionales para ejercer la labor de vigilancia y garantizar el cumplimiento de la legalidad, y la adecuada conservación de los ecosistemas y diversidad biológica de la Comunidad Autónoma", considera el Consejo de Gobierno.

   Esta decisión del gobierno central ha sido muy celebrada por el Sindicato de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, quien ha llevado el caso hasta el Parlamento Europeo. "En cualquier caso, la norma está impidiendo el correcto control y gestión del medio natural dela Comunidad de Madrid", agregó.