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La difícil reforma de las administraciones públicas

La difícil reforma de las administraciones públicas

viernes 28 de junio de 2013, 12:57h
Ha transcurrido una semana desde que la vicepresidenta del Gobierno  expuso con claridad los contenidos del Informe de la Comisión encargada de elaborar un estudio sobre la situación de las administraciones públicas españolas y las medidas adecuadas para mejorar su eficacia. Y como primera valoración hay que reconocer que se ha hecho un buen trabajo: exhaustivo, profundo y coherente con los fines marcados por Soraya Saenz de Santamaría que, una vez mas, da muestras de su valía política y su determinación para alcanzar los objetivos propuestos. Valga esta reflexión por necesaria, aunque entre estas líneas se ha cruzado la prisión de Bárcenas.

Sin embargo esta valoración global, se refiere a un anteproyecto que deberá pasar distintas fases antes de convertirse en proyecto de ley y que, al afectar a los distintos niveles administrativos y a muy variadas entidades políticas de diverso sentido ideológico, se va a convertir en una carrera de obstáculos, alguno de ellos infranqueable.

En este asunto de la reforma se ha puesto casi siempre el acento en los municipios, al considerar la inviabilidad de muchos pequeños núcleos. Pero no se ha considerado el general etnocentrismo que predomina en el mundo rural y también en el que se puede considerar urbano. Durante el franquismo se propiciaron las fusiones de las pequeñas entidades otorgándoles  diversas ventajas, presionándolas al mismo tiempo y a veces muy fuertemente por vía política. Hoy es impensable este planteamiento, salvo en muy concretos casos, pero el informe incide en otros aspectos como la clarificación de las competencias municipales, la limitación de licencias previas o el reforzamiento del control presupuestario, la limitación del personal y de sus sueldos, etc. Son muchos los aspectos mejorables para minorar la ineficacia de muchas entidades municipales que también se podrían corregir dando a las Diputaciones provinciales un mayor papel en la tutela y complemento de aquellas, si bien habrá que determinar como queda este asunto.

Hay otras propuestas mucho más factibles, como la enajenación de inmuebles, la intermediación de datos, la supresión de duplicidades en los mismos niveles, el establecimiento de controles de gestión, reasignación de recursos presupuestarios, o el Plan de racionalización normativa, uno de los aspectos más interesantes del proyecto de reforma. Para entenderlo así basta considerar que el conjunto de los Ministerios han detectado 5800 normas de 28 sectores económicos que podrían estar afectando a la unidad de mercado. Y la propuesta de la Comisión es abordar la  revisión y simplificación normativa, que comenzaría por la elaboración de textos refundidos de más de veinte materias ahora dispersas y confusas. Esto, por lo que se refiere a la Administración General del Estado, es factible y muy beneficioso, traduciéndose en ahorros tanto para el Estado como para los administrados.. Igualmente se abordarán otras propuestas como la factura electrónica, las medidas de intervención, la asignación de recursos humanos...

Pero  hay un elemento perturbador de este ambicioso proyecto: la distribución de competencias entre la Administración General y las Comunidades Autónomas, que ha atestado de recursos el Tribunal Constitucional. Por las reacciones habidas, unas explícitas y otras en expresivos silencios, va a ser empeño imposible que se instale en España una Administración Pública coherente, coordinada y eficiente. Las satrapías en que han resultado las previsiones constitucionales, son inamovibles en sus competencias. Y aunque popularmente no tienen un respaldo entusiasta, están dominadas por el poder político y oligarquías sociales que no se dejarán arrebatar sus poderes e influencias. Difícilmente se irá más allá de retoques y acciones de escasa profundidad. La dispersión normativa y la inflación legislativa generalizada, solamente podrán ser reconducidas mediante leyes armonizadoras que cuenten con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios del Congreso. De no ser así, lo más sustancial de la reforma propuesta puede fracasa.
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