El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado rotundo este jueves que la consulta "no se celebrará" en Cataluña, ya que, según ha explicado, la Constitución "no autoriza a ninguna comunidad autónoma a someter a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional" y sobre las que se deben pronunciar "todos los españoles".
Así lo ha asegurado
Gallardón en los pasillos del Congreso poco después de conocer que CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado convocar la consulta el 9 de noviembre de 2014 con una pregunta doble: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y ¿Quiere que sea independiente?".
Fuentes del Palacio de la Moncloa han insistido en el mismo mensaje del ministro al afirmar "tajantemente" que el Gobierno "no va a autorizar ni negociar una consulta que atente contra la Constitución y contra los derechos de todos los españoles".
Se intenta "hurtar" a los españoles de su capacidad de decisiónGallardón ha recalcado que pretender que Cataluña adopte una decisión sobre un asunto que corresponde a "todos" los españoles, como es la soberanía nacional y la integridad territorial, es "intentar hurtar a los españoles" de su capacidad de decisión.
"Es intentar que una parte de los ciudadanos no se puedan pronunciar sobre algo a lo que constitucionalmente tienen derecho. Por lo tanto, es un intento de violentar la Constitución en contra de los derechos fundamentales de los españoles, el primero de los cuáles es decidir sobre su propia integridad", ha enfatizado.
Además, el titular de Justicia ha recordado que el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, es el "representante ordinario del Estado" en Cataluña y está "obligado al cumplimiento de la ley". Según ha añadido, no se realizará una consulta que pretende que una parte de los españoles no sean "capaces de decidir" sobre su "propia integridad".
"El Gobierno garantiza que no se va a producir ninguna acción ilegal en España. La realización de una consulta de esa naturaleza sería contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía", ha resaltado el ministro, que no ha precisado qué medidas puede tomar el Gobierno para impedirla
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