La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado a los jueces de la Audiencia Nacional que están "obligados" a aplicar las leyes que el Parlamento aprueba, después de que varios magistrados hayan calificado de "chapuza" la reciente reforma de la justicia universal y hayan pedido que se rectifique. Precisamente este viernes, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a archivar la causa que sigue contra siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que, en un sistema de división de poderes, igual que el Gobierno está obligado a ejecutar las leyes que aprueba el legislativo, los jueces están "obligados a aplicarlas". Y si surgen dudas, la ley prevé unos mecanismos de actuación, ha señalado.
La vicepresidenta ha aprovechado para recordar que no es la primera vez que se reforma la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, que ha generado "problemas" desde su introducción en nuestro país. Así, el anterior Gobierno socialista ya redujo en 2009 alguno de los supuestos en los que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar casos cometidos fuera de nuestras fronteras.
La reforma de la
justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española.
Con respecto a los delitos de narcotráfico, se requiere que la carga tenga España como origen o destino, ha precisado la portavoz del Gobierno. En este punto, ha reconocido que han surgido "dificultades" en el caso de aquellas barcos de bandera no española detenidos en aguas internacionales y que "en algunos casos" ni siquiera se dirigían a España.
En estos casos, "no es que (los delitos) queden impunes", ha dicho, pues las autoridades españolas pueden denunciarlo ante la justicia del país competente.
La limitación de la justicia universal fue introducida por el PP a través de una proposición de ley que se tramitó por urgencia y en lectura única, una decisión que ya ha provocado la excarcelación de 43 narcotraficantes y que viene cosechando importantes críticas en el fondo y en la forma en la mayor parte de los partidos de oposición, así como entre jueces y fiscales. El último en cargar contra esta decisión ha sido el juez
Andreu, que calificó de "
chapuza" esta reforma y quien censuró que se use la justicia como "moneda de cambio".
Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se han rebelado contra esta reforma promovida por el PP, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, negándose a archivar causas que llevan años instruyendo. Como ejemplo, el juez
Santiago Pedraz ha rechazado el archivo de la muerte del periodista español José Couso en Irak y el genocidio contra el pueblo guatemalteco, en el que fallecieron siete españoles.
En un auto dictado este viernes, el magistrado señala que la investigación debe continuar, a pesar de la reforma legal que limita la jurisdicción universal que entró en vigor en marzo pasado, porque los militares fueron procesados por terrorismo, entre otros delitos, y la víctima era española, por lo que "se cumplirían los requisitos establecidos" por el legislador.
El juez instructor, que también procesó a los miembros de la DINA por genocidio, asesinato y detención ilegal, considera que su competencia "debe extenderse al enjuiciamiento" de estos delitos por ser "conexos" al de terrorismo.
La reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo son competentes para perseguir delitos de genocidio o lesa humanidad cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional. Sin embargo, avala las investigaciones por terrorismo siempre que la víctima tuviera nacionalidad española.
Comisión rogatoria a ChileAdemás, acuerda reiterar la comisión rogatoria que cursó a las autoridades de Chile en enero pasado para que le informen de si están investigando estos hechos. Una vez que tenga la respuesta, el magistrado "elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para que se evalúe si existe disposición a actuar en relación con los hechos".
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