Un agente de la Guardia Civil avisó al exconsejero madrileño Francisco Granados, detenido en la llamada operación Púnica, de que estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza, han informado fuentes jurídicas.
Durante la investigación a esta trama de corrupción, que pivota alrededor de dos "conseguidores" de contratos públicos -
David Marjaliza y
Alejando de Pedro Llorca-, se procedió a intervenir las conversaciones telefónicas de los investigados y los agentes descubrieron que un compañero habría alertado a Granados de las pesquisas que se estaban realizando.
El agente ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, aunque, según han informado a Efe fuentes de la investigación, no se encuentra entre los detenidos en esta operación.
Según Anticorrupción serían 51 los detenidos, aunque fuentes jurídicas señalan que se trata de 51 imputados y que los detenidos serían 37, además de precisar que se trata de detenciones policiales y no judiciales, aunque en todo momento ha estado informado de estos arrestos el juez de la Audiencia Nacional que dirige la operación,
Eloy Velasco.
La investigación a esta trama se origina en diciembre 2013 cuando una comisión rogatoria de Suiza alerta a España de una cuenta que dos españoles tienen en ese país: Francisco Granados y David Marjaliza, y se da cuenta de ello a la Fiscalía Anticorrupción.
Investigación de unas cuentas en SuizaTras bloquear Suiza estas cuentas por un delito de blanqueo agravado, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación durante seis meses para aclarar el origen de ese dinero al sospechar que podría proceder de la construcción.
Mientras tanto, las autoridades suizas avisaron de que iba a tomar declaración a Granados y a Marjaliza, y en junio de 2014 Anticorrupción presentó una querella contra ambos que recayó en Velasco.
La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba en sus contratos influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -Ayuntamiento, Diputación y comunidad autónoma- para obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos.
Luego blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también le servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo la libre concurrencia.
A través de las intervenciones telefónicas, se ha constatado la manera en que modificaban los pliegos de contrato con técnicos municipales y políticos. Ante el declive del sector de la construcción los contratos eran más de servicios, como los de eficiencia energética en varios municipios.
Las fuentes jurídicas han precisado que no se trata de una investigación sobre financiación irregular de partidos políticos sino que se centra fundamentalmente en personas que están en política y que en el momento en que están llegando al fin de su vida pública deciden colaborar en esa trama.
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