Mas no pierde la esperanza: pide calma hasta escuchar al Constitucional... ¿y después?

El Govern está convencido de que su "butifarréndum" no es impugnable básicamente porque no hay documento de convocatoria. Además, la Generalitat ha dado las instrucciones a los funcionarios que deben implicar -como los directores de institutos- de forma oral, nunca por escrito para evitar precisamente un recurso por parte del Gobierno central.

Pero pese a las precauciones, ese recurso está al caer. El Gobierno central ve dos defectos en la actuación del catalán: el hecho de que se mantenga la pregunta de la convocatoria original (la suspendida por el Constitucional) y la implicación de funcionarios en el proceso, concretamente, de esos directores de institutos, que se verán obligados a abrir y cerrar los centros educativos para facilitar la votación.

El convergente Jordi Turull ha quitado importancia esta mañana a esos dos puntos. Ha argumentado que la pregunta no es problema, "porque los catalanes ya la han interiorizado, ya la han hecho suya" y ha asegurado que todos los directores de instituto sobre los que ha recaído la tarea de abrir y cerrar los colegios "son voluntarios".

De momento, la campaña para el sucedáneo de referéndum sigue en marcha como si se tratase de una convocatoria legítima. Ahora queda por saber si el Consejo de Ministros la llevará hoy al Tribunal Constitucional y qué harán los jueces en ese caso. ¿Volverán a suspender la celebración de esta consulta descafeinada?

Pero aún hay un interrogante más importante: ¿sacará Mas las urnas a la calle aunque haya prohibición? Todo indica a que eso es posible. Los partidos favorables a la consulta han insistido en que ese es el camino. Lo mismo que la Asamblea Nacional Catalana, que prepara nuevos actos reivindicativos previos al 9-N. Es posible que el presidente les haga caso en esta ocasión. Por lo pronto, ha bromeado con los periodistas: "¿ya sabéis dónde os toca ir a votar?".