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Medidas anti-corrupción: expertos proponen reducir a un tercio los cargos públicos y apartar a imputados

Medidas anti-corrupción: expertos proponen reducir a un tercio los cargos públicos y apartar a imputados

lunes 16 de febrero de 2015, 18:50h
Juristas, abogados, catedráticos, sociólogos y economistas han lanzado 99 propuestas "reales" contra la corrupción, entre ellas, reducir a un tercio los cargos públicos y apartar a los imputados de la política. La idea es que los partidos políticos puedan estudiar estas medidas e incorporarlas a sus programas, y que disminuya el descontento de la ciudadanía, que es "enorme".
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de la Fundación por la Justicia y de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, José María Tomás y Tío, durante la presentación de estas medidas, en un acto en el que ha estado acompañado por la catedrática de Ética de la Universitat de València Adela Cortina; y el catedrático de Economía Aplicada Aurelio Martínez.

La iniciativa, coordinada por la Fundación por la Justicia, se presenta en cinco ciudades: Valencia, Madrid, Pamplona, Murcia y Barcelona, y contempla 99 propuestas contra la corrupción de la mano de expertos en diferentes materias "sin ninguna intención partidista ni electoral", ha apostillado Tomás y Tío. Tras el lanzamiento de estas propuestas, la idea es que se pueda crear un Observatorio y un Foro Ciudadano contra la Corrupción, que una vez al año se reuniría para debatir y crear conciencia de este "grave" problema que traspasa las barreras nacionales.

Martínez ha dado algunas cifras para poner de relieve la "magnitud del problema de la corrupción", y ha señalado que se estima que la corrupción en el mundo, de manera general, puede representar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Ante ello, ha afirmado que es "muy importante" acabar con los paraísos fiscales y poner penas muy graves a las empresas que corrompan.

Las medidas, por bloques

Una parte de las medidas de estos expertos --entre los que se encuentran el juez Vicente Ríos y el decano de jueces de Valencia, Pedro Viguer-- se dirigen a la Administración pública en España, sobre la que proponen una reducción significativa de los cargos a 150.000 --actualmente hay unos 500.000--; disminuir sensiblemente el número de personas con designación política y apostar por funcionarios de carrera; aplicar medios de control --que los interventores cumplan sus funciones con absoluta minuciosidad--; o incrementar la transparencia de todas las actuaciones. En cuanto a las subvenciones a organizaciones sociales, abogan por regularlas.

Respecto a la Administración local, advierten de la necesidad de tener representantes políticos preparados "mínimamente" en el funcionamiento de la administración y "comprometidos" en el servicio público; de lograr una formación continua para reciclar conocimientos; o endurecer el régimen de responsabilidad tanto de los funcionarios como de los políticos en relación a su gestión, "debiendo existir una consonancia con los delitos o actuaciones que puedan ser delictivas, y las penas a imponer".

En relación con la contratación pública, los especialistas aconsejan eliminar la negociación sin publicidad por la cuantía; establecer criterios de adjudicación claros y de su ponderación y puntuación, exigiendo por medios electrónicos al menos tres ofertas válidas atendiendo al criterio del precio; uniformidad de reglas; o regular la publicidad de los modificados.

Sobre los aforamientos, proponen atribuir la instrucción de todas las causas, incluidas las que afecten a aforados, al juez instructor ordinario; clarificar la competencia en caso de causas que afecten a múltiples imputados, aforados y no aforados; prohibir la posibilidad de cambiar de juez instructor o tribunal en caso de que la personas imputada o acusada deje de estar aforada y viceversa.


Listas abiertas y límite de tiempo

Otro apartado de las propuestas va dirigido al sistema de partidos, y entre otros apartados abogan por ir hacia sistemas de listas abiertas que rebajen el poder de las cúpulas de los partidos; limitar el tiempo de permanencia en los cargos públicos a cuatro u ocho años; incorporar la responsabilidad civil de los políticos en la gestión de los recursos públicos; e introducir la responsabilidad política en los Estatutos de cada formación.

Sobre este último aspecto, los expertos aconsejan la suspensión de militancia política con la incoación de causas por corrupción; la separación de cargo público desde que exista una primera resolución judicial con imputación; o la separación definitiva del cargo desde el procesamiento o apertura de juicio oral.

Al respecto, preguntado a Tomás y Tío por este extremo, ha comentado que "cuando un cargo público asume su responsabilidad, lo hace íntegramente. También con las consecuencias de un comportamiento anormal". "Cometer un delito es muy grave y muy difícil", ha dicho, pero si ocurre, hay que asumir las consecuencias. "Los ciudadanos --ha agregado-- no pueden creer en alguien que está sentado en el banquillo".

Dentro de este mismo apartado de sistema de partidos, los especialistas también han apostado por reducir y limitar los gastos electorales como el acortamiento de las campañas o el fomento de espacios gratuitos en los medios; limitar los gastos ordinarios; o presentar por parte de los partidos los estados financieros de toda la organización.

En cuanto a medidas para mejorar el sistema financiero, los expertos abogan, entre otras propuestas, por aprobar una Directiva Europea que impida a las empresas que se hayan visto implicadas en casos de corrupción, poder optar a ningún contrato público en ningún país europeo durante los próximos cinco años.

También aconsejan poner una tasa especial del 5 por ciento durante un periodo de tiempo a todas las ventas que realicen en la Unión Europea las empresas que hayan sido declaradas corruptas; implicar a los servicios secretos en la detección de los corruptos; o tener un registro europeo con las empresas y personas corruptas de acceso libre o con condiciones no exigentes. Así mismo, abogan por que los condenados por corrupción no puedan tampoco pedir subvenciones, modificaciones o ayudas del sector públicos.

Tomás y Tío ha subrayado que con estas medidas no pretende influir en las elecciones, sino que se trata de propuestas para la reflexión, el conocimiento y la coherencia. Y ha apostillado: "Los políticos deben hacer lo que consideren. No somos quiénes para decir lo que tienen que hacer".

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