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Se prevén varias detenciones más

Suma y sigue: nuevas detenciones de exaltos cargos de la Junta por el fraude en cursos de formación

Suma y sigue: nuevas detenciones de exaltos cargos de la Junta por el fraude en cursos de formación

martes 24 de marzo de 2015, 10:29h
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes, entre otros, al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya. El goteo de detenciones ha sumado ya un total de 15.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado también en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
   
Dentro de esta operación, entre los ex altos cargos detenidos también aparece la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada además del ex consejero andaluz y empresario Ángel Ojeda, uno de los empresarios más beneficiados por las ayudas. Y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, el total de afectados es de 15 y se prevén algunos más, principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza, todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero.    
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
   
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".    
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto.
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En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

EL SAE    

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
   
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".
   
En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".
   
Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
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