El
decreto 3+2 (3 años de grado+ 2 años de máster) fue una de las últimas medidas que aprobó el ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, antes de dejar estar cartera, y como sucedió con la LOMCE, su aprobación no estuvo exenta de polémica y críticas por parte de la comunidad educativa. Tras una oleada de manifestaciones y movilizaciones estudiantiles, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aprobó una moratoria de dos años, hasta el curso 2017/2018 para tomar una decisión sobre la implantación de estos 'mini grados', que según el Sindicato de Estudiantes, elevaría el coste de los estudios a unos 20.000 euros por alumno. Ahora, tres universidades públicas catalanas, la Universidad de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) y la Oberta de Cataluña (UOC), han solicitado 'permiso' al Ministerio de Educación para aplicar el decreto 3+2 a partir del curso 2016/2017.
El Sindicato de Estudiantes ha criticado la decisión de estas 3 universidades públicas, ya que la consideran "una maniobra, hecha de nuevo a escondidas y a espaldas de la comunidad educativa, que no busca otra cosa que abrir el camino a la aplicación generalizada de este nefasto decreto, pieza clave en el desmantelamiento y privatización de la Universidad Pública". Aunque la mayoría de universidades que han solicitado la implantación de este decreto son privadas, la 'voz de alarma' para la comunidad estudiantil ha llegado de la mano de la decisión de estas tres universidades públicas, que auguran que no serán las últimas.
Según el sindicato estudiantil, la "excusa" de estas tres universidades para aplicar el decreto es sólo se implantará en el caso de las nuevas carreras. La oferta de grados que plantean estos centros, la componen los estudios de Bioinformática (que impartirá en las 3 universidades catalanas), Global Studies (UPF), Creación y Producción Digital (en la UB) y Diseño y Arte Digital (en la UOC).
Los estudiantes 'han recordado' su recelo ante la decisión de una moratoria por parte de los rectores. "No era la solución porque los estudiantes no queríamos la privatización de nuestras universidades ni ahora, ni en dos años ni en diez. Les dijimos (a los rectores) que lo único que podían y debían hacer si realmente querían defender la universidad pública era exigir la completa derogación del decreto y apoyar la lucha de los estudiantes y profesores. Lejos de ser una medida progresista, la famosa moratoria tenía el objetivo de calmar los ánimos, de frenar la movilización en la calle, permitiendo al gobierno del PP ganar algo de tiempo. Ahora, a la luz de los hechos, podemos comprobar cómo la jugada que algunos tenían en mente era realmente esa, ganar tiempo, ya que ni siquiera ese penoso compromiso de aplicar la reforma en dos años se cumplirá".
Para exigir la derogación de la Lomce y del decreto 3+2, así como reclamar una mayor financiación y el fin de la expulsión de alumnos de la Universidad por motivos económicos, los estudiantes volverán a tomar la calle, convencidos de que la "movilización" es el único camino. "Si algo hemos aprendido los jóvenes en estos años es que únicamente la lucha y la movilización son las que nos puedan llevar a paralizar los ataques que pretenden privar a la mayoría de la sociedad de los derechos más básicos. Por eso llamamos a los partidos de la izquierda a que se hagan eco de la voz de los millones que hemos vaciado las aulas, llenado las calles y paralizado las universidades e institutos de todo el Estado en tantas ocasiones y exijan la paralización y derogación inmediata del decreto 3+2".
Tal y como anunciaron la semana pasada, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general de enseñanza secundaria y universitaria los días 13 y 14 de abril. El motivo: la "traición de Pedro Sánchez y el PSOE confirmando que no derogarán la LOMCE y el decreto 3+2", dos 'líneas rojas' para el colectivo estudiantil.
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