Güemes explica por qué los consejeros del PP plantaron al ministro de Sanidad

Los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, La Rioja y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, dicidieron este miércoles abandonar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se celebra en Madrid, después de que Soria "no contestara a su ruego" de tratar en el pleno el tema de la financiación o en su defecto, fijar fecha en enero para convocar una reunión extraordinaria del Consejo a dedicar a este tema que consideran urgente.

Según Güemes, la Comunidad Autónoma de Madrid aporta impuestos al país "por una población de seis millones de personas, que son los habitantes de la comunidad". Por ello Güemes denuncia que el Gobierno "se niega a reconocer a la quinta parte de esta población". El consejero condena que el Gobierno no reconozca los impuestos que aportan cerca de un millón de madrileños a la hora de repartir los fondos del Estado, lo que ha motivado el déficit en sanidad que presenta la comunidad de Esperanza Aguirre.

"Hemos planteado reiteradamente al ministro y al Gobierno de la nación, la necesidad de abordar una cuestión tan importante como es la financiación sanitaria, lo hemos hecho ante la negativa de convocar un consejo interterritorial para tratar este asunto, ante los tribunales, hay una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional que obliga al Gobierno a convocar este consejo para hablar de financiación y lo que nos ha anunciado hoy el ministro es que se niega a cumplir esa sentencia", explicó.

Güemes señaló que Murcia ya ha pedido a los tribunales la ejecución provisional de la sentencia y "muy probablemente" el resto de estas comunidades autónomas "seguirán este camino". "Es una pena que se tenga que debatir de cuestiones sanitarias en los tribunales; es una vergüenza", aseveró.

Los consejeros destacaron que la población española ha crecido "en cinco millones de personas" y que en la actualidad, el déficit anual de la sanidad asciende a unos 500 millones de euros, motivo por el que juzgan fundamental hablar de ello. Niegan que se trate de una actuación electoralista de las comunidades populares y acusan al resto de comunidades, las que aún permanecen en el pleno, de callar ante un problema de toda España para no causar problemas de última hora al Gobierno de Zapatero.