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Teatro del absurdo

viernes 19 de mayo de 2017, 13:54h
Como “Esperando a Godot” están los españoles, europeos y parte restante del planeta, esperando el martes en que el señor Carles Puigdemont se exponga en un localito alquilado al Ayuntamiento que preside la señora Carmena. Dicho alquiler ha sido profusamente criticado y contestado porque resulta feo que la sede de la capitalidad de la nación llamada España admita que sus locales puedan servir de pedestal a una “última oferta” de referéndum, es decir, un ultimátum al gobierno de España contra la unidad de España. Pero, a sus efectos, lo mismo daría que el señor Puigdemont hubiese alquilado una discoteca o un salón de bingo. Del lado de Carmena no hay absurdo sino irresponsabilidad y del lado del socialismo que la apuntala la ambigüedad habitual. Pero lo absurdo es la propia iniciativa de Puigdemont.

El señor Puigdemont es el presidente autonómico de Cataluña dentro del marco constitucional y, consecuentemente, representante del Estado español en dicho territorio. Por ello hay que suponer que conoce perfectamente los caminos que existen para elevar sus propuestas a las instituciones competentes en asuntos de la naturaleza del que, al parecer, le obsesiona y cuyos caminos no son exponer sus ideas en un localito alquilado a la inefable alcaldesa.

El señor Puigdemont se supone que sabe que Cataluña está cumplidamente representada en las Cortes Generales del Reino por un número de diputados y senadores elegidos democráticamente por los habitantes de Cataluña que pueden exponer libremente las iniciativas que consideren oportunas los catalanes a nivel parlamentario. Podrían hacerlo coordinadamente si todos estuviesen de acuerdo en una aspiración básica capaz de unir a todos los catalanes o podrían hacerlo fragmentados, como posición propia de un partido como el que lidera Puigdemont y con aquellos que quisieran acompañarle en su apuesta parcial. Pero parece que ese tipo de iniciativas tienen pocas posibilidades de éxito. Ante ello pretende utilizar plataformas de exposición en que no cuentan los votos o la capacidad de negociación de los representantes parlamentarios de un territorio. El señor Puigdemont no quiere negociar sino exigir, en nombre de una causa que considera sacrosanta pero cuyo liderazgo no ostenta más que por el relieve que le da su sobrevenida posición oficial dentro del Estado español, sin cuya cobertura no pasa de ser un efímero cabecilla de un partido en plena decadencia. Es en esta precaria condición desde donde pretende lanzar un ultimátum al Estado.

Hay que suponer que al presidente de la Generalidad de Cataluña le sobran letrados para explicarle que “en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad”. También le habrán explicado que cada comunidad participa de la soberanía nacional conjunta y la ejerce dentro del Estado del que forma parte. Por ello debe saber que el Estado de que el forma parte se reserva la competencia exclusiva de convocar consultas por vía de referéndum y que, por tanto, es inútil la pretensión de que se autorice cualquier consulta con carácter refrendario que pretenda organizar a iniciativa propia y contra el principio de legalidad de la nación de cuya estructura constitucional es partícipe.

Sabiendo el señor Puigdemont que tiene cerrados todos los caminos de la legalidad vigente no se le ocurre otra cosa que alquilar un localito a la señora Carmena para desafiar a un Estado de la Unión Europea desde la gatera de un Ayuntamiento convertido en casa de “Tócame Roque” pero se equivoca porque no tiene cerrados todos los caminos. Como parte que es de la estructura de una democracia es muy libre de dirigirse sin intermediarios a las más altas instancias de la nación para comunicarles que no encontrando vía legal para sus aspiraciones independentistas en que cree y que nadie puede negarle el derecho a tenerlas y mantenerlas, siendo imposibles de llevar a la práctica desde sus funciones y compromisos como presidente de un organismo constitucional del Estado español, renuncia a tal condición y se decide a actuar como ciudadano libre.

El camino lógico de un líder independentista es dimitir de compromisos con el Estado que rechaza y recuperar toda su libertad de acción y pensamiento. Es muy libre de presentarse a las convocatorias electorales con un programa que no deje lugar a ambigüedades ni confunda a la población catalana. Que voten a Puigdemont como aspirante a libertador de la República Catalana Independiente y no lo voten para presidir un gobierno autonómico de competencias regladas y limitadas. Que pida el respaldo absoluto y abrumador que merece una propuesta independentista presentada como tal y seguida por un porcentaje de población apabullante. Si el señor Puigdemont fuese un líder independentista indiscutible para una inmensa mayoría de la población catalana podría tener sentido que intentase negociar con el gobierno del Estado. Pero que ostentando un cargo público del Estado se dedique a predicar desde un localito de un Ayuntamiento convertido en una casa de locos es ridículo y no puede ser, en ningún caso, el procedimiento para soñar con desafiar a un supuesto Estado opresor. Mientras el señor Puigdemont siga formando parte de la estructura del Estado como presidente de la Generalidad sería deseable que dejase de hacer el ridículo organizando representaciones del teatro del absurdo para espectadores felones en un localito alquilado a la inefable alcaldesa Carmena.
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