La Comunidad presentó en agosto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo al considerar que la norma estatal invade sus competencias en vivienda y urbanismo. Tres viceconsejeros autonómicos acudieron al juzgado para registrar el escrito en el que se impugnan hasta nueve preceptos de la ley aprobada el 28 de mayo.
Los viceconsejeros de Vivienda, Medio Ambiente y Vicepresidencia, Juan Blasco, Manuel Beltrán y Salvador Victoria, respectivamente, fueron los encargados de presentar el recurso a la Ley del Suelo en el Tribunal Constitucional. La norma fue calificada de "atentado a la propiedad privada" por Victoria, quien aseguró que "la nueva Ley del Suelo promovida por Zapatero quiere volver a los modelos de acceso a la propiedad de Stalin".

La prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos sobre los derechos de los propietarios y la reducción al 30 por ciento del suelo destinado a vivienda protegida, frente al 50 por ciento fijado por la Comunidad, son los dos puntos en los que se centra el escrito que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 1 de octubre y sobre el que todavía se tiene que pronunciar.
Según Victoria, la norma estatal vulnera las competencias autonómicas, "otorgadas por la Constitución y el Estatuto", y atenta contra la propiedad privada en cuanto las empresas constructoras o la gestión pública tendrán preferencia para realizar las obras de urbanización frente a los propietarios del suelo.
"La Comunidad entiende que la nueva Ley del Suelo está atentando contra los derechos de los ciudadanos y el derecho a la propiedad privada en cuanto que establece como sistema general y preferente de la ejecución de los planes urbanísticos la expropiación forzosa, es decir, que deja con carácter residual el derecho de los propietarios y otorga preferencia a la gestión pública y, lo que es peor, a las empresas constructoras", dijo Victoria. Según la Comunidad, esta exigencia de la Ley provocará el encarecimiento de los precios de la vivienda.
En la misma línea se manifestaron el día de la presentación del recurso la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta. Éste dijo que la Comunidad había decidido interponer el escrito de inconstitucionalidad contra la Ley de Suelo por ser "totalitaria, atentar contra la propiedad privada y la libertad del individuo y apoyar a los especuladores".
Aguirre subrayó que la expropiación, un método "de adquisición de la propiedad" característico "de los sistemas autoritarios como el de Stalin", debería llevarse a cabo "cuando hay razones de interés público".
Reacciones
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, salió en defensa de la Ley del Suelo poco después de la presentación del recurso. Aseguró que la Comunidad incumple "su propia ley de Vivienda, que marca que se ha de reservar un 50% a vivienda protegida (VPO), cuando sólo le están dedicando el 18%"; y que la norma estatal "marca un mínimo de 30% de vivienda de los planes urbanísticos que se ha de dedicar a VPO, sin menoscabo de que luego las Comunidades Autónomas marquen porcentajes mayores".
La ministra indicó que "la nueva Ley de Suelo defiende la transparencia, el control del fraude y el desarrollo sostenible y si recurren la ley es porque nunca les ha gustado luchar contra la especulación".
Chacón afirmó que "Madrid es una de las Comunidades Autónomas en las que menos VPO se construye, con el agravante de que precisamente es una de las zonas con los pisos más caros", para añadir acto seguido que "además, de cada diez viviendas que se hacen, nueve las financia el Gobierno de España".
Por su parte, el portavoz de IU en la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, criticó la reacción del Gobierno regional a la Ley del Suelo. "Con esta iniciativa el PP vuelve a intentar confundir a la ciudadanía madrileña planteando la cuestión de la vivienda protegida cuando lo que realmente están buscando es la defensa de los propietarios del suelo que, en Madrid, son básicamente empresas dedicadas a la compra-venta de suelo conllevando su encarecimiento, haciendo una lectura sesgada de la Constitución en lo que al derecho a la propiedad se refiere y olvidando el carácter social de misma, aspecto que sí está recogido de forma clara por nuestra carta magna", apuntó.
En otra ocasión, Gordo subrayó que, mientras que el PP y el PSOE compiten en su "subasta preelectoral", IU trabajará conjuntamente con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), los sindicatos y el Colegio de Arquitectos de Madrid para adecuar la Ley del Suelo de la Comunidad a la estatal.
Además, IU y la FRAVM exigieron la reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad, para "adecuarla" a la Ley del Suelo estatal y aplicarla al nuevo Plan de Vivienda Regional que deberá elaborarse cuando finalice el vigente, en 2008.