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Los secesionistas se aprovechan de nuestras torpezas

viernes 20 de abril de 2018, 18:20h

Definitivamente, desde hace pocas semanas los secesionistas en Cataluña obtienen réditos sustantivos de las torpezas que cometen las democracias europeas. Y es que, en cuanto a errores y equivocaciones, los distintos poderes del Estado en algunos países europeos parecen estar dispuestos a coincidir en esta coyuntura. Desde luego, ello no pone en tela de juicio la separación de poderes, más bien estamos asistiendo a su capacidad autónoma e independiente de desencadenar meteduras de pata.

Comencemos por el poder judicial. Ya mencioné la tendencia mundial al gobierno de los jueces que supone el abuso de la prerrogativa constitucional de juzgar qué se puede hacer en política y qué no se puede hacer. También me parece obvio que los tribunales no siempre aciertan cuando se trata de analizar el contexto político. Recientemente, una prueba de ello nos la ha ofrecido un tribunal alemán, al poner en cuestión la acusación de rebelión contra Carles Puigdemont. Una simple lectura de su propia figura de alta traición desde un Estado Federal muestra la lógica similar que preside ambas tipificaciones.

Y el argumento de que no hubo en Cataluña suficiente violencia que pusiera en cuestión las autoridades legítimas del Estado español es, con perdón, una autentica falacia, sobre todo a la vista de que en su normativa no es necesaria la existencia de violencia manifiesta sino que basta y sobra con la amenaza de violencia. Pero, por sobre todo, cabe preguntarse qué parte del acuerdo sobre el sistema de euro-orden no entiende ese tribunal alemán; de hecho, al actuar como lo ha hecho rompe con la confianza mutua que debe presidir los Estados de Derecho en Europa. En breve, socaba el espíritu de la Unión Europea.

Pero estoy llegando al convencimiento de que la judicatura española tampoco está actuando muy finamente. Ya no estoy seguro de que se hayan elegido bien los tipos de delitos para formular las acusaciones sobre los desmanes cometidos por los secesionistas: uno muy grave, rebelión, y otro menos aquilatable, malversación. Quizás hubiera sido mejor orientarse por la senda de la desobediencia, el desacato, etc. Tal vez así hubiera sido más fácil moverse en términos de graduación de la prisión preventiva. Quizás todo vino lastrado por las diferencias entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Ahora habrá que ver como defiende su lógica argumental el magistrado Pablo Llarena no sólo frente a la sociedad española sino de cara a la más distante europea e internacional.

Sigamos con el poder ejecutivo y los políticos en general. También a este respecto la competencia de errores entre alemanes y españoles es muy reñida. Primero fue la Ministra de Justicia de Alemania, Katerina Barley, que, a propósito de la suerte judicial de Puigdemont, se permitió afirmar que si el político catalán no era sancionado por el tribunal alemán, “Entonces el señor Puigdemont será un ciudadano libre en un país libre”. Dicho en plata blanca, la República Federal Alemana es un país libre y el Reino de España no lo es o, en todo caso, lo es menos. Supongo que la señora Berley, que luego fue desmentida por el Gobierno de Angela Merkel, se hacía eco en ese momento del argumento conocido en algunos ámbitos europeos de que el franquismo sigue infiltrado en las instituciones democráticas españolas y, sobre todo, en el Partido Popular. Pero esa desconfianza respecto del pasado autoritario no parece muy afortunada viniendo de una ciudadana alemana. ¿Habrá que recordarle a doña Katerina que hace sólo setenta años, la inmensa mayoría de los alemanes venía de seguir como tabla al mayor genocida de la historia humana? ¿Habrá que recuperar las dudas europeas acerca de si el pueblo alemán abrazaba la democracia tras el fin de la guerra mundial no por convencimiento íntimo sino por la necesidad de superar el hambre y acogerse al Plan Marshall? Un cargo público alemán debe de tener un cuidado prístino cuando se trata de hacer comparaciones entre democracias con un pasado autoritario.

Pero la torpeza también se encuentra en España. Las declaraciones del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurando que los independentistas no se gastaron ni un duro de dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1-O, son de antología. Es decir, que la acusación de malversación de los secesionistas encausados por este delito carece por completo de fundamento. Claro, es lógico que los acusados llegaran ante el juez Llarena envalentonados y dispuestos a cuestionar el mismo juicio. El Tribunal Supremo pasó mediáticamente de juzgador a acusado. Con lo que las dudas sobre ese cargo contra Puigdemont en el tribunal alemán han crecido bastantes enteros. Ahora Montoro tendrá que aclarar ante el juez Llarena como prueba sus afirmaciones, que contradicen las pruebas obtenidas por el encausamiento judicial. Todo un despropósito.

En suma, las torpezas de los poderes públicos en países europeos alimentan las esperanzas de los separatistas de que podrán seguir adelante con el procés, más allá de si este conduce o no a alguna parte. Lección aprendida para los demócratas: no sólo hay que tener la razón moral y política, hace falta actuar evitando las torpezas políticas y mediáticas, sobre todo frente a quienes ya han mostrado sobrada habilidad para aprovecharse de ellas.

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