Los forestales se movilizan contra la Ley de Medidas Urgentes

La norma, que se aprobó con los votos del PP, recogía otras medidas, pero la prohibición de entrar libremente a fincas privadas fue la que más polémica causó. Los agentes forestales la interpretaron como un impedimento para cumplir con su trabajo, que según la normativa estatal que los regula, la Ley de Montes, consiste en las funciones de investigación y persecución de delitos medioambientales.

Para ello, tanto en la Ley de Protección Forestal de la Región de 1995 y como en la Ley de Montes se recoge la potestad de acceder a fincas privadas, diferenciando la norma estatal entre la propiedad privada y el domicilio, que según la Constitución es inviolable.

Fue precisamente este aspecto al que recurrió el Gobierno regional para defender la reducción de competencias de los agentes forestales. El portavoz del PP en la Asamblea regional, Antonio Beteta, argumentó de una manera muy gráfica la postura de su partido: "En la puerta de mi casa nadie puede dar una patada si no es con un mandato judicial".

El Gobierno regional afirmó que con la Ley de Medidas Urgentes se “normaliza” la situación de los agentes forestales en este aspecto, como aseguró la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez. “Hemos querido proteger la propiedad privada y también que los agentes tengan una protección jurídica”, aseguró la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga.

Estas explicaciones no convencieron a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien desde un primer momento dijo que estudiaría presentar un recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Medidas Urgentes, como finalmente sucedió, al considerar que se estaba "restringiendo la capacidad de una adecuada vigilancia en todos los temas de carácter ambiental y, en particular, de la prevención de incendios forestales".

Tampoco los agentes forestales entendieron las explicaciones de la Comunidad. Desde que conocieron la intención del Gobierno regional se movilizaron para dar a conocer sus reivindicaciones. Así, acamparon en la Plaza de España, se concentraron frente a la Asamblea, se manifestaron por el centro de Madrid e, incluso, dieron a conocer su situación a la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, un proceso que aún está abierto.

Los argumentos de los agentes
Los guardabosques advirtieron que con la aprobación de la ley los equipos de extinción de incendios tendrán mayor peligro si ellos no pueden reconocer con anterioridad el terreno, “pues los agentes forestales son quienes mejor conocen los montes y la responsabilidad de los agentes es ayudarles”.

Además, denunciaron que la norma deja "vía libre a los especuladores para delinquir" al prohibirles la entrada, sin autorización judicial, a los terrenos privados de la región que, según destacaban, son más del 70 por ciento del patrimonio natural de Madrid. También aseguraron que no podían investigar el supuesto uso de cebos envenenados en el suroeste de la región del que alertó la organización SEO/BirdLife, ni vigilar que la temporada de caza no supusiese peligro para senderistas, 'seteros' y la fauna de la región. 

Casi tres meses después de la aprobación de la ley, uno de los sindicatos de los tres que representan a los agentes forestales aseguró que más de mil peticiones de autorizaciones judiciales se acumulaban en la Consejería de Medio Ambiente y no 45 como sostenía el Gobierno regional.

Asimismo, el sindicato recordó que la única autorización que les había sido concedida era la de un auto del día 8 de octubre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que autorizó a los agentes a que comprobasen la apertura de una pista forestal, de tal modo que el juez confirmó la competencia de este tipo de juzgados para autorizar la entrada a fincas privadas.

Antes juzgado de instrucción mantuvo en un auto no autorizó una petición para entrar en un terreno forestas privado porque la autorización penal no era necesaria para "el acceso a fincas, terrenos, parcelas o edificios en construcción que no reúnan la característica de viviendas ya habitadas".

"Una primera batalla"
No obstante, los forestales consiguieron ganar "una primera batalla" antes de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, tal y como calificó  la ministra Narbona el hecho de que el Ejecutivo regional eliminase el artículo de la norma que derogaba el carácter de agente de la autoridad de los forestales. Sin embargo, seguía manteniendo la prohibición de entrar en fincas privadas sin autorización judicial.

Otro motivo de satisfacción de los agentes forestales fue cuando en noviembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno central y suspendió cautelarmente el artículo 9, que es el que afecta a los guardabosques. La Comunidad le quitó hierro a esta medida provisional explicando que es un proceso automático siempre que se admite a trámite un recurso del Estado contra una norma regional y recordó que en cinco meses el tribunal tendría que pronunciarse de nuevo sobre si mantiene la suspensión temporal.

En el recurso, el Ministerio de Administraciones Públicas argumenta que La Ley de Medidas Urgentes vulnera la competencia que la Constitución reserva al Estado para establecer legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Además, en el escrito también se asegura que vulnera competencias de la Administración de justicia, al atribuir a los jueces y tribunales funciones jurisdiccionales no incluidas actualmente en la normativa estatal vigente.

La suspensión provisional adoptada por el TC implicó que los guardabosques madrileños pudiesen volver a trabajar como lo hacían hasta la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes el pasado mes de julio. Así, los agentes forestales accedieron a la laguna de El Porcal para investigar la muerte de miles de peces en el Parque del Sureste, una de las primeras acciones que los forestales atribuyeron a dicha suspensión.