Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mostraron este lunes criterios divididos acerca de si la ejecución mediante inyección letal es un "castigo cruel e inusitado" que viola las garantías de la Constitución de Estados Unidos.
Los abogados del gobierno de Kentucky y los que representan a un hombre condenado a muerte en ese Estado presentaron sus argumentos ante los nueve jueces del Supremo que tomarán una decisión en el curso de los próximos meses.
Aunque el respaldo de la ciudadanía para la pena de muerte se mantiene alto en EEUU, desde septiembre pasado, cuando el Supremo decidió que atendería el caso de un reo en Kentucky, se ha producido una moratoria en las ejecuciones a la espera de la decisión del tribunal.
Lo que está en discusión no es la constitucionalidad de la pena de muerte, un asunto sobre el cual el Tribunal Supremo ya se pronunció hace décadas, sino, si el método más común de ejecución viola la Octava Enmienda de la Constitución que prohíbe la crueldad en el tratamiento de las personas.
Desde que se restauró la pena de muerte en 1976 han sido ejecutadas 1.099 personas y más de 3.350 están condenadas a muerte entre ellas 49 mujeres.
El ritmo de ejecuciones alcanzó la cota de 98 en el año 1999 y desde entonces ha descendido. En 2007 hubo 42 ejecuciones.
Actualmente hay más de 40 condenados a muerte, cuya fecha de ejecución ya se había fijado, y están afectados por la moratoria de facto instaurada cuando el Supremo decidió que escucharía argumentos en el caso de Ralph Baze.
Treinta y cinco de los 36 estados que reinstauraron la pena de muerte emplean diferentes combinaciones de los tres mismos compuestos químicos para sus ejecuciones por inyección letal.
Kentucky emplea el compuesto tiopental sódico, un anestésico poderoso que deja inconsciente al reo; luego se administra pancorio que paraliza los músculos; y finalmente potasio que detiene el corazón del ejecutado.
"El procedimiento presenta un peligro de ejecuciones cruelmente inhumanas", dijo el abogado Donald Verrilli. "Si el primer compuesto no se administra de manera eficaz, el segundo induce una sofocación y parálisis consciente aterradoras, y el tercero inflige un terrible dolor ardiente mientras avanza por las venas".
Hoy el juez Antonin Scalia, en su diálogo con los abogados, sugirió que él se inclina por validar el método de ejecución en Kentucky, lo cual reanudaría la práctica de las ejecuciones en todo el país.
"La Constitución no exige (que el procedimiento) sea indoloro", argumentó Scalia, quien agregó que los Estados han sido cuidadosos en la búsqueda de procedimientos que no causen dolor deliberadamente.
Pero el juez John Paul Stevens dijo que a él le "preocupa terriblemente el hecho de que el segundo compuesto aparentemente causa todo tipo de riesgos de un dolor extremo".
El juez David Souter instó a sus colegas en el Supremo a que estudien cuidadosamente el asunto y lleguen a una decisión sobre la inyección letal, aún si esto requiere que se envíe el caso nuevamente a los tribunales de Kentucky.
La Administración del presidente de EEUU, George W. Bush, ha respaldado al Estado de Kentucky en esta materia.
Scalia dijo este lunes que la devolución del caso a ese Estado representará, de hecho, "una cesación nacional de las ejecuciones, algo que podría extenderse por años, y no queremos que eso ocurra".
Verrilli señaló a los magistrados que los problemas que ha habido con las ejecuciones en Carolina del Norte, California y otros estados demuestran que debería prohibirse totalmente el procedimiento de los tres compuestos químicos, o debería cambiarse el método de ejecución.
"El riesgo es real", añadió Verrili. "Por eso es que está prohibida la eutanasia de animales con el método que Kentucky usa para los condenados".
En el Estado de Kentucky, cuando un veterinario decide terminar con la vida de un animal, no puede usar un paralizante, y comúnmente se usa una dosis muy fuerte de barbitúricos.
Mientras los abogados presentaban sus argumentos ante el Supremo, el director legal de la Unión de Libertades Civiles, Steven Shapiro, instó a los magistrados a que repudien los procedimientos de inyección letal de Kentucky.
"Sea cual sea la opinión que uno tenga sobre la pena de muerte, es inaceptable que los Estados insistan en ejecutar a las personas con una fórmula que ni siquiera los veterinarios usarían para terminar la vida de gatos y perros por el riesgo de causarles dolores extremos", dijo Shapiro.
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