La acusación contra Isadora culpa a la clínica y defiende a las mujeres

La investigación sobre la clínica Isadora se enmarca en "la posible comisión de un delito como cualquier otro, por lo que se tiene que investigar; no tendría sentido que las clínicas fueran inmunes a todo tipo de investigación". "Los centros abortistas pretenden convertir una investigación judicial en un debate ideológico y religioso", aseguraron en referencia a las recientes declaraciones de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI).

Para el Centro Jurídico Tomás Moro, "existe sospecha de delito y por lo tanto hay que investigarlo". Según las mismas fuentes, "se está protegiendo la identidad de las las mujeres que están acudiendo como testigos, como pasa en muchos juicios, y pueden además acogerse a los sistemas de protección de la identidad de testigos".

"La única posibilidad de investigar un delito es citar testigos", explicaron desde este centro jurídico, que señalaron asimismo que "en una investigación, prima la persecución de un delito a la intimidad", aunque "al igual que en otros casos, como cuando se testifica por casos de violación, por ejemplo, no tienen por qué aparecer los nombres de las mujeres, lo que también es responsabilidad de los medios de comunicación".

El portavoz de la Plataforma la Vida Importa, entidad que aportó información sobre supuestas irregularidades de la clínica Isadora, Juan Sánchez-Galera, señaló que "mientras que en los juzgados lo que se está investigando son posibles infanticidios, desde el sector político se dice que falta libertad". "Si lo que se quiere es que exista aborto libre, que se diga claramente", señaló Sánchez-Galera.

"Desde Vicepresidencia del Gobierno se nos indicó hace un año, cuando les facilitamos toda la información de que disponíamos sobre los supuestos abortos ilegales, que la responsabilidad de lo que ocurriera en las clínicas abortistas era de las comunidades autónomas, a las se nos pidió que nos dirigiéramos", señaló Sánchez-Galera.