Lo que nadie dice: una huelga amenaza la 'operacion ANV'

   UGT, CC.OO, CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) señalaron que los servicios mínimos establecidos para los funcionarios que trabajan en estos dos órganos "triplican" a los que se han dictado en el resto de órganos judiciales.

   Según la relación de servicios mínimos establecida por el Ministerio, en el caso de que la huelga se prolongue más allá del 11 de febrero, día en el que concluirá la guardia del juzgado de Garzón, estas dependencias contarán con más funcionarios en servicios mínimos que el resto.

   En concreto, el Juzgado de Instrucción número 5 dispondrá de cuatro funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, otros cuatro del de Tramitación Procesal y Administrativa y dos más del de Auxilio Judicial, mientras que en el resto únicamente trabajará un funcionario de cada uno de los dos primeros cuerpos y otro del tercero para cada cuatro juzgados.  

   La huelga, a la que están convocados alrededor de 9.000 funcionarios en toda España, tiene el objetivo de protestar por "la gravísima discriminación que sufren los trabajadores de la Administración de Justicia que mantiene la dependencia del Ministerio de Justicia en relación con el personal ya transferido" y exigir una "homologación salarial" entre esos órganos.


¿Abusos?

   El portavoz de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, aseguró que se trata de medida "abusiva" que constituye "una irregularidad total" y que será recurrida. Así, denunció que el juzgado central "no es más que otro juzgado" y que todos van a tener "el mismo trabajo" y recalcó que el procedimiento para ilegalizar ANV y PCTV es "un procedimiento ordinario" que no cuenta "ni con detenidos, ni con diligencias urgentes".

   El portavoz de UGT, Joaquín Vela, tildó de "vergonzosa" esta imposición y denunció que muchos funcionarios se van a ver imposibilitados a cubrir los servicios mínimos porque deben trabajar más horas. El sindicato anunció que piensa recurrir "la totalidad" de dichos servicios considerados "un abuso" por los trabajadores.

   Por su parte, el portavoz de STAJ, Vicente Navarro, consideró la decisión del Ministerio de Justicia de triplicar los servicios durante esa semana en concreto como un acto "de relumbrón político". Así, subrayó que los "abusivos" horarios impuestos por la Administración impiden a los trabajadores ejercer su derecho a huelga, debido al interés de instar la ilegalización de dichos partidos "a toda costa".


Respaldo "unánime" de los funcionarios

   Los responsables de los sindicatos ofrecieron ayer en Valladolid una rueda de prensa para informar sobre la convocatoria de huelga, que consideran que tendrá un respaldo "unánime" de los funcionarios. El coordinador estatal de Justicia de Comisiones Obreras, Javier Hernández, explicó que las diferencias laborales entre los trabajadores que dependen directamente del Ministerio y los que se encuentran en órganos competencia de las comunidades autónomas puede llegar a 200 euros mensuales, lo que suponen cantidades de 2.400 euros al año menos para los empleados de servicios no transferidos.

   En concreto, los trabajadores afectados son los de las comunidades de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, así como los de Ceuta y Medilla y los órganos centrales radicados en Madrid como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Registro Civil Central o la Fiscalía General del Estado, entre otros.

   Hernández considera "inadmisible" que el Ministerio se niegue a negociar cuando se habla de criterios de homogeneidad para trabajadores que prestan los mismos servicios, una reivindicación de hace más de diez meses.