España, laboratorio neoliberal y crisis de los servicios públicos: la banca

Un reino privatizado

España se ha convertido en un paradigma del neoliberalismo en Europa, con un Estado que ha transferido masivamente sus activos estratégicos a manos privadas, desde energía y telecomunicaciones hasta la banca y la sanidad. Este proceso, iniciado en los años 80 y acelerado en las décadas posteriores, ha consolidado un modelo donde el poder económico se concentra en oligopolios y una élite financiera que ejerce un control férreo sobre la política y la sociedad. El reciente apagón eléctrico de abril de 2025, que dejó sin suministro a 58 millones de personas, no es un evento aislado: es el síntoma de un sistema fracturado por décadas de desmantelamiento del sector público y la entrega de servicios esenciales a corporaciones privadas.

1. El apagón eléctrico: un colapso anunciado

El corte masivo de electricidad del 29 de abril de 2025 expuso las grietas de un modelo energético privatizado. La fragmentación del sector entre Iberdrola, Endesa, Naturgy y otras multinacionales dificultó la coordinación para restablecer el servicio, evidenciando que la gestión privada no garantiza eficiencia ni eficacia resistente. Este episodio recuerda al apagón de Texas en 2021, donde las eléctricas priorizaron ganancias sobre la inversión en infraestructuras, cobrando tarifas abusivas incluso durante la crisis. En España, entre 2018 y 2021, las tarifas eléctricas se dispararon un 500%, forzando a familias a elegir entre pagar la luz o comer, mientras las empresas acumulaban beneficios récord.

La privatización energética, iniciada con Endesa y Repsol bajo Felipe González y culminada por José María Aznar, transformó monopolios públicos en privados, sin competencia real y con precios manipulados mediante subastas opacas. El resultado: un sistema vulnerable, caro y ambientalmente insostenible, como demostró Iberdrola al vaciar embalses en 2021 para especular con los precios del gas.

2. La concentración bancaria: el poder invisible

El intento de OPA de BBVA sobre Banco Sabadell en 2025 es la última jugada de un sector financiero hiperconcentrado. Desde los años 90, la banca española ha pasado de ser un instrumento de desarrollo económico a un oligopolio controlado por unas pocas familias y fondos de inversión. La privatización de bancos públicos como Argentaria, el Banco Exterior de España y el ICO bajo gobiernos del PSOE y PP eliminó contrapesos al poder financiero, facilitando fusiones como la de Bankia (absorbida por CaixaBank) y la caída de las cajas de ahorros.

La "bancarización" de las cajas de ahorros, promovida tras la crisis de 2008, no fue un rescate, sino un saqueo: entidades solventes como Caja Granada u otras cajas castellanas fueron absorbidas por bancos privados, despidiendo a miles de trabajadores y externalizando servicios. Hoy, BBVA, Santander y CaixaBank controlan el 70% del mercado, imponiendo comisiones abusivas, desahucios masivos (más de 300.000 desde 2010) y créditos selectivos que ahogan a pymes y familias. Su influencia política es tal que, como reveló el caso de Iberdrola y el PNV, pueden chantajear gobiernos para bloquear regulaciones.

3. La genealogía de las privatizaciones: de González a Aznar

El neoliberalismo español tiene dos padres: Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP). Bajo González (1982-1996), se inició la venta de empresas públicas como Telefónica, Repsol y Endesa, justificada como una "modernización" para cumplir con la UE. El INI, otrora motor industrial público, fue desmantelado: entre 1985 y 1995, se privatizaron 120 empresas, ingresando 45.000 millones de euros, pero sin generar competencia real.

Aznar (1996-2004) profundizó el modelo: su "Programa de Modernización del Sector Público" vendió Argentaria, Gas Natural y participaciones clave en Iberia y Tabacalera, ingresando 30.000 millones de euros. Estas operaciones, ejecutadas mediante OPVs con tramos para pequeños accionistas, crearon la ilusión de un "capitalismo popular", mientras el Estado perdía control sobre sectores estratégicos.

4. El apagón sanitario y la mercantilización de la vida

La sanidad pública, otrora modelo europeo, sufre un desfinanciamiento progresivo. La externalización de servicios (limpieza, laboratorios) a empresas como Clece o Ferrovial, vinculadas a Florentino Pérez, ha degradado la calidad mientras se desvía dinero público a accionistas. La LOMECE (2013) y los recortes postcrisis aceleraron este proceso, con comunidades como Madrid privatizando hospitales enteros.

El resultado es una sanidad dual: para quienes pueden pagar seguros privados (Mapfre, Sanitas) y una pública colapsada. La pandemia de COVID-19 reveló esta fractura: mientras hospitales públicos sufrían falta de equipos, clínicas privadas priorizaron pacientes rentables.

5. Soluciones: ¿Reversión o colapso?

Frente a esta crisis multidimensional, hemos de proponer:

1. Renacionalizar sectores estratégicos: Energía, banca y sanidad deben volver a control público, rompiendo oligopolios y garantizando acceso universal.
2. Auditar privatizaciones: Investigar irregularidades en ventas como la de Bankia y recuperar activos malvendidos.
3. Democratizar la economía: Fomentar cooperativas y banca pública ética, como propone la economía social.
4. Movilización ciudadana: Solo la presión social, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha frenado desahucios; se requiere un movimiento amplio contra las privatizaciones.

Un régimen al servicio de la oligarquía

España no es una democracia plena, sino un estado donde PP, PSOE y nacionalistas de derechas e incluso con el apoyo de fuerzas que presumen ser de izquierdas, legislan para élites económicas. La "reforma constitucional silenciosa" vía privatizaciones ha transferido poder a bancos y multinacionales, vaciando la soberanía popular. Revertir este modelo exige no solo cambiar gobiernos, sino cuestionar un sistema que equipara libertad con mercado y ciudadanía con clientelismo. La alternativa es reconstruir lo común o sucumbir al colapso neoliberal y para ello hay que tomar medidas urgentes como derogar la ley de vivienda vigente, derogar la ley de sanidad y/o modificarla o restablecer los derechos a la sanidad y la educación públicas vulneradas cada día más. No podemos fiarnos de quienes durante sus etapas de gobierno ni frenaron ni menos revirtió esta tendencia. Hace falta una nueva constitución.

Nota: Este artículo sintetiza análisis de Antonio Turiel, acuerdos de soberaniaytrabajo.org y datos de organismos como la SEPI y la CNMC. Para profundizar, consultar las fuentes citadas.