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Reacciones a la objeción de la asignatura Educación para la Ciudadanía

viernes 07 de marzo de 2008, 14:04h
La Comunidad de Madrid admitirá objetar ante Educación para la Ciudadanía. Este anuncio ha provocado una gran variedad de reacciones en el mundo político, tanto a nivel local como nacional. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ha replicado al Gobierno regional que los poderes públicos no pueden llamar a "asonadas" o "insumisiones".
La vicepresidenta añadió que un Gobierno que defienda de verdad el interés de todos no puede llamar al incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento de la nación, en este caso la Ley Orgánica de Educación (LOE). "En democracia las leyes están para cumplirse por encima de los credos personales, políticos o religiosos, todas las leyes y para todas las personas", apostilló. Los poderes públicos están para garantizar el respeto y el cumplimiento de la ley, ha insistido, "no para llamar a asonadas o insumisiones a leyes que han sido aprobadas por la mayoría de los representantes de los ciudadanos españoles".

El anuncio de la intención de la Comunidad de institucionalizar el ejercicio de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía ha provocado la división de los sindicatos que representan a los estudiantes en el Consejo Escolar de Madrid. También se ha pronunciado la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, que se opone a la medida. Sindicato de Estudiantes aseguró que la decisión de la Comunidad de Madrid de apoyar la objeción de conciencia de los padres que no quieran que sus hijos cursen Educación para las Ciudadanía (EpC) forma parte de una "estrategia política" del PP para intentar recuperar algunos votos de cara a las elecciones del próximo domingo.

Por su parte, el sindicato Unión Democrática de Estudiantes, indicó que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es la que ha servido de base para que la Comunidad tome la decisión de no obligar a los estudiantes a cursar EpC, confirma que la objeción cumple los dos requisitos constitucionales implícitos en este derecho: la existencia de una obligación legal (llevar a los hijos a clase de Ciudadanía) y la violación que este hacer supondría de una convicción moral profunda.

El vicepresidente de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, aseguró que es "muy peligroso" que una Administración Pública "llame a la rebelión contra una ley" refiriéndose a la decisión de la Comunidad de Madrid de aceptar la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía frente a lo que determina la normativa aprobada por el Gobierno.

Reglas del Estado
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, acusó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de no respetar "las reglas del Estado de Derecho" y declararse "insumisa" a la mayor parte de las legislaciones del Parlamento.
Para Gómez, Aguirre "no respetó la decisión judicial del Severo Ochoa, ni respeta las leyes que aprueba el Congreso o las Cortes Generales, que es el poder que emana de los ciudadanos, como la Ley de Dependencia, las ayudas a viviendas para jóvenes o la Educación para la Ciudadanía" que -ha dicho- "tendría que estar ya impartiéndose en la Comunidad de Madrid".

Según el líder de los socialistas madrileños, la asignatura de Educación para la Ciudadanía es "fundamental" en la lucha contra la violencia de género, "porque uno de los bloques es educar a los niños a la no agresión, a la no violencia machista, a la convivencia entre ciudadanos y a los valores democráticos y éticos que tiene que tener este país". Gómez ha invitado a la presidenta regional a "respetar las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho" y la ha emplazado a "buscar lo mejor para los madrileños".

Asimismo, el secretario de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Francisco García, señaló  que "es ilegal" que la Comunidad prive del derecho a cursar Educación para la Ciudadanía (EpC) a algunos alumnos e indicó que si finalmente el Gobierno de Aguirre toma esta decisión para el curso 2008-09, cuando se implantará en la Comunidad, el sindicato denunciará los hechos a los Tribunales y a la Alta Inspección del Ministerio de Educación por incumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE)


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