"En relación con publicación aparecida en el diario La Prensa en su edición de hoy, 31 de marzo de 2008, la Secretaría de Comunicación del Estado declara lo siguiente: 1.- Es absolutamente falso que el Presidente Martín Torrijos haya firmado contrato secreto de ninguna naturaleza. 2.- El hoy presidente Torrijos fue uno de los pocos candidatos que, de manera voluntaria, hicieron pública su declaración de bienes antes de las elecciones de mayo de 2004. 3.- En dicha declaración se señala que era propietario del 40% de las acciones de Constructores y Consultores, S.A. 4.- Constructores y Consultores, S.A. suscribió, con todas las formalidades legales, un contrato de asesoría con el Gobierno de República Dominicana, en el año 2001, que fue cumplido a cabalidad y por el cual se pagaron los emolumentos pactados. 5.- Es falso que el Presidente Martín Torrijos, como persona, haya firmado ese contrato ni ningún otro con el Gobierno de República Dominicana, o que se haya comprometido, como accionista de una empresa, a prestar a título personal una asesoría a ese Gobierno ni a ningún otro Gobierno. 6.- La insinuación de que quienes aspiran a ejercer un cargo público no pueden ejercer actividades profesionales o empresariales, inhabilitaría, en Panamá y en el resto del mundo, a todos los candidatos".
La Prensa publicó este martes una extensión del reportaje del pasado lunes, donde Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional-Panamá expresa una opinión sobre el caso.
Por lo descrito en el artículo de La Prensa del lunes, opina Maytín, da la impresión que en República Dominicana se violó la Ley de Contrataciones Públicas para beneficiar a la empresa Constructores y Consultores, S.A., ya que por el monto del servicio se debió convocar a una licitación pública, al igual que por el hecho de que la contraparte de la precitada empresa panameña fuera una sociedad anónima originada en el estudio jurídico del director legal de la Secretaría de Obras Públicas de la República Dominicana.
Desde nuestro punto de vista, este acto debe ser investigado, no solamente por el evidente conflicto de interés del director legal de la Secretaría de Obras Públicas, sino también porque en la Convención Interamericana contra la Corrupción –artículo VI, acápite C– se señala como acto de corrupción "la realización por parte de un servidor público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero".
Los funcionarios que realizaron la contratación al margen de la ley de contrataciones deben ser investigados. Ahora que se avecinan las campañas electorales, la ciudadanía debe exigir conocer la declaración patrimonial de bienes y la declaración de intereses de sus candidatos, para así evitar cualquier tipo de suspicacia.
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