Equidad vs. popularidad

En el año 2007, el precio del gas en el Ecuador fue seis veces menor que en el mercado internacional. En el caso del diesel el precio local fue casi tres veces menor que el internacional y en el caso de la gasolina, dos veces menor.

Estas diferencias se deben a que en el Ecuador el precio de los combustibles está subsidiado. Sobre la conveniencia de este subsidio, que en 2007 le costó al Estado más de $2.000 millones, se ha discutido mucho. Sin embargo, en un reciente estudio de Felipe Hurtado publicado en Carta Económica, se pudo constatar, en base a datos de encuestas oficiales, lo que muchas veces se ha repetido: que el subsidio al precio de los combustibles favorece, principalmente, a los hogares más acomodados.

El estudio se basó en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INEC.

Esta encuesta brinda información sobre los ingresos y los gastos de los hogares ecuatorianos y, por lo tanto, permite clasificar a los hogares según el estrato económico al que pertenecen y establecer cuánto combustible se utiliza en cada uno.
 
Así se determinó que el 20% más rico de los hogares ecuatorianos consume el 43% de los combustibles subsidiados (considerando únicamente los combustibles consumidos por hogares, no por empresas ni por el sector público), mientras que la quinta parte más pobre de los hogares consume apenas el 7.1% de los combustibles subsidiados.

Por lo tanto, un hogar perteneciente al 20% más rico de la población recibe, en promedio, un subsidio anual de $1.053 de parte del Estado, mientras que un hogar del estrato más pobre recibe un subsidio de $173.

En vista de estos resultados, la acción más adecuada que podría tomar el Gobierno es eliminar o, al menos, reducir el subsidio a los combustibles (que crece a medida que se incrementa el precio del petróleo), compensar a los hogares más pobres por el impacto que esto les causaría (a través del Bono de Desarrollo Humano, por ejemplo) y, con el ahorro generado, invertir en sectores que realmente beneficien a los más pobres, como salud o educación.

Esta medida, obviamente, acarrearía un costo político. Veamos si el Gobierno, con su discurso de justicia y equidad, está dispuesto a asumirlo.

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