El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) se enfrenta a ocupaciones ilegales de viviendas y a impagos de los alquileres que derivan en desalojos forzosos, una situación dura pero a la que la Comunidad ha decidido poner fin. Madridiario ha acompañado a dos de sus inspectoras para conocer cómo trabajan.
Dos inspectoras del IVIMA, María y Alicia, acompañadas por dos agentes de la Policía Local, se dirigen al número 27 del Camino Alto de San Isidro, en Carabanchel. Llaman a la puerta de un piso que creen que está ocupado ilegalmente y, efectivamente, abre una señora que reconoce que no tiene contrato para estar ahí. Con ella está una de sus dos hijas, de unos ocho años.

Le entregan un requerimiento de desalojo, para lo que tiene 20 días, y 10 para presentar alegaciones, pues en algunas ocasiones los habitantes ilegales tienen derecho a la vivienda aunque no esté formalizado. Ella intenta explicar su situación y que siempre le deniegan las ayudas que pide, pero las normas son claras y las inspectoras no pueden hacer nada más. Así que rompe a llorar.
El IVIMA no se permite conceder viviendas sociales a personas que las están ocupando ilegalmente, pues estaría consintiendo de alguna manera este tipo de actuaciones. Tampoco permite que la gente se haga con un piso que no es de su propiedad y sobre el que no tiene ningún derecho. "Si establecemos la 'patada en la puerta' como vía para acceder a una vivienda esto se convertiría en la ley de la jungla", explica el gerente del IVIMA, José Antonio Martínez Páramo.

Martínez Páramo traza el perfil de ocupante ilegal de 'patada en la puerta': "Son personas que no respetan las normas de la sociedad, y son casi profesionales: "Son personas que no respetan las normas de la sociedad y son casi profesionales. Conocen todos los resquicios legales para continuar en la vivienda". También señala que "hay familias en peores circunstancias que están esperando una" a través del cupo de necesidad especial, que adjudica los pisos según las necesidades de los solicitantes.
De esta manera, Páramo intenta quitarle dramatismo a los desalojos en los pisos del IVIMA. "El que deja de pagar no es porque no puede, sino porque no quiere", sentencia, en referencia a los impagos, que también son causa de desalojo. Cuando un adjudicatario pasa por problemas económicos se realiza un seguimiento social para analizar la situación y la renta puede reducirse hasta 37 euros.

La jornada laboral de las dos inspectoras continúa. Tienen que entregar una orden de desalojo en otro piso del Camino Alto de San Isidro. En este caso, ya hay fecha y la joven que abre la puerta lo asume entre la resignación y la pena. Quizá decida irse antes del día señalado, pero no es lo más habitual.
Normalmente, los inquilinos son obligados a irse por el personal del IVIMA, que actúa en estas situaciones con el apoyo de las policías locales e incluso de la Nacional o de los antidisturbios, si el inquilino tiene antecedentes penales que indiquen que puede ser violento. También van acompañados por un cerrajero, una empresa de mudanzas para los muebles y los servicios sociales del distrito o el municipio correspondientes.

María y Alicia se dirigen ahora a entregar una orden de desalojo a Villaverde, a una caseta de obra ocupada, situada en las naves de Boetticher. El habitáculo, junto a otros, se utilizó hace años para albergar el material de construcción de varias promociones residenciales públicas, y desde que se terminaron han servido de refugio a varias familias, de las que ahora sólo queda una. Una familiar del ocupante, que no está en casa, comenta que las "leyes del IVIMA" no son justas, mientras que un vecino asegura que ya ha ocupado otro piso de la zona.
Así discurre el trabajo del Servicio de Inspección del IVIMA, que el año pasado visitó 15.000 de las 23.000 viviendas que componen el parque público de vivienda regional. 87 acabaron en desalojos forzosos tras pasar por los juzgados. Para erradicar las ocupaciones y otros tipos de fraude, el IVIMA va a reforzar la plantilla en el plazo de un año hasta llegar a los 100 inspectores.

En la actualidad, hay 15, que, como María y Alicia, intentan distanciarse y estudiar con profesionalidad cada expediente por si los habitantes ilegales tuviesen algún derecho a acceder a la vivienda. María asegura que, después de más de un año como inspectora, en algunas ocasiones aún le impacta el trabajo, también por las situaciones violentas a las que a veces se tiene que enfrentar.