El presidente Hugo Chávez no pierde oportunidad para llamar la atención de la opinión pública mundial, por un lado, y por otro tender cortinas de humo sobre los verdaderos problemas de su país. Acaba de pedir a las FARC, por ejemplo, que liberen a los secuestrados que mantienen en su poder y que depongan las armas, pues se han convertido en “excusa del imperio”, para llevar adelante una política agresiva contra los nuevos gobiernos de izquierda del continente.
También anunció la anulación provisional de una polémica Ley de Inteligencia y Contra Inteligencia, promulgada hace un mes en virtud de la cual sus conciudadanos estaban obligados a la delación. Una ley aprobada gracias a los poderes especiales para legislar por decreto que el parlamento oficialista le otorgó al coronel. "Me puse a oír las críticas (a la ley) y al final sí creo que hay algunos errores; no me cuesta nada reconocerlo" dijo Chávez.
Desde sacerdotes hasta activistas de derechos humanos, incluso de organismos internacionales, alertaron del grave peligro que entrañaba la ley chavista. Inoportuna, inconveniente e impopular, además, de cara a las próximas elecciones que tendrá ese país. Esta “rectificación” no significa el abandono del proyecto, pues Chávez nombrará una comisión para que introduzca rectificaciones al texto original.
La oficialización en Venezuela de la figura del delator como una suerte de “oficio legal”, tiene sus antecedentes, desde luego. Con la caída del Muro de Berlín también cesó una normativa semejante, común a todos los llamados “países socialistas”. Hay gobernantes para los que la repetición de errores va acompañada con la repetición de ultrajes. Chávez también está entre ellos.
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