Las detenciones, llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil, forman parte de una operación organizada por el juez Baltasar Garzón.
Las empresarias están acusadas de haber pagado el denominado 'impuesto revolucionario' con el que se subvenciona la banda terrorista. Garzón instruye el sumario contra la presunta red de extorsión de ETA.
El nombre de las empresarias aparece en la documentación intervenida a raíz de la operación llevada a cabo en Burdeos (Francia) que permitió la detención del número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.
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