Un total de once alcaldes y ediles de los municipios afectados por la M-501, la llamada 'carretera de los pantanos', reclamaron este miércoles en el Parlamento Europeo la terminación de las obras de desdoblamiento para dar mayor seguridad a los 80.000 habitantes que la utilizan a diario, pues los accidentes de tráfico se han cobrado en esta vía cerca de 200 vidas en la última década. Por su parte, Ecologistas en Acción indicó que la zona urbanizable del entorno de la M-501 podría crecer un 950%.
Los ediles respaldaron su demanda ante el presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Martin Libicki, con 15.000 firmas recogidas desde el pasado fin de semana. Buscan así, por un lado, impedir la paralización de las obras decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y por otro, mantener el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la Comisión Europea que congela el expediente abierto por Bruselas por incumplimiento de la legislación medioambiental europea a instancias de Ecologistas en Acción.
La comisión de Peticiones de la Eurocámara, el órgano más cercano al ciudadano, analizará la cuestión en una reunión en septiembre u octubre, a la que asistirán todas las partes implicadas, así como un representante del Ejecutivo comunitario, responsable último del caso.
"Creemos que debe haber dos partes y hasta ahora la parte vecinal no había sido oída. Somos los representantes legales y legítimos de 45.000 habitantes de la Sierra Oeste y de 30.000 más del sureste de Castilla y León que utilizan la M-501 para llegar a los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid", explicó el portavoz del Grupo de Trabajo pro M-501 y alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela, durante la reunión.
En este sentido, Martín Cabezuela indicó que su objetivo es garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como del medioambiente de la zona, puesto que ellos mismos son los más interesados. "Queremos insistir en que esta carretera no abre ninguna cicatriz (en el ecosistema) que no existiera de antemano, sino que añade seguridad", añadió.
Los alcaldes de estos municipios consideran por tanto justificada la decisión del Gobierno regional de 2005 de declarar las obras de "interés público" para evitar una declaración de impacto medioambiental, y acelerar así su ejecución. Un trámite ahora cuestionado tanto por la justicia española como por la Comisión Europea.
El presidente de la Comisión de Peticiones, así como su vicepresidente, Carlos Iturgáiz, recibieron la reclamación municipal con interés, puesto que ésta podría ser una de las causas con más firmas de respaldo presentadas a este órgano, según explicó el propio ex presidente del PP vasco.
Razones ecologistas
Ecologistas en Acción denunció este miércoles que desde 2005, fecha en la que se aprobó el desdoblamiento de la carretera M-501, once de los 19 municipios del ámbito están modificando sus planes urbanísticos, hasta crecer la superficie urbanizable de su entorno en un 950 por ciento.
Los ecologistas, que este miércoles realizaron una parodia ante la Consejería de Transportes para denunciar "la falta de escrúpulos de quienes utilizan la excusa de la siniestralidad de la carretera para sacar adelante sus proyectos urbanísticos", afirman que el número de viviendas de nueva construcción se ha elevado desde 2005 en un 83 por ciento, mientras la población prevista crece en un 294 por ciento.
Para la organización ecologista, "una vez más los intereses urbanísticos se esconden tras las obras ilegales de una carretera ilegal". Asimismo, han agregado que, además de los crecimientos urbanísticos, se prevé también la construcción de nuevas carreteras, variantes, en su mayoría, para acceder a las nuevas zonas residenciales.
Ecologistas en Acción afirma, igualmente, que además, de las recalificaciones para uso residencial, hay varios proyectos de complejos deportivos y de lujo previstos en la zona.
Al mismo tiempo, señalan que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene bloqueada la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA), cuya tramitación se inició en 2001.
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