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Los autónomos piden ayudas a la Comunidad para el alquiler de oficinas y locales

jueves 17 de julio de 2008, 12:07h
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid (UPTA-Madrid) reclamó este jueves que las políticas de apoyo al alquiler de viviendas que tiene en marcha esta Comunidad se extiendan a los arrendamientos de locales, naves comerciales y oficinas.
La organización de autónomos quiere que la Administración autonómica asuma los avales y fianzas y la cobertura de riesgos por impagos o desperfectos de los locales, así como que otorgue subvenciones para las reformas de locales comerciales y de naves industriales.

"Es preciso habilitar líneas específicas de ayuda para el alquiler de locales y oficinas, ya que una correcta ubicación, en muchos casos, marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de una iniciativa de autoempleo", ha explicado la secretaria general de UPTA-Madrid, María José Landaburu.

Según Landáburu, la propia Comunidad reconoce que una de las grandes dificultades para los emprendedores son los altos precios de los locales comerciales y de las oficinas, por lo que ha pedido al Ejecutivo regional que, "además de señalar el problema, tome medidas concretas para su subsanación".

Para UPTA-Madrid, los viveros empresariales y los polígonos son soluciones parciales, válidas para algunos tipos de actividad, pero no son la ubicación adecuada para otras actividades, como talleres y almacenes de distribución, en las que la cercanía a los posibles clientes o los requerimientos de espacio obligan a ubicarse en determinados barrios o puntos concretos de las ciudades.

Hasta ahora, los autónomos tienen que hacer frente con sus recursos y patrimonio a los avales, fianzas y traspasos, "lo que provoca que muchas actividades nazcan lastradas por carencias financieras que, incluso, pueden llegar a abortar una iniciativa que, con los apoyos adecuados, sería completamente viable", asegura Landáburu.

Asimismo, fuentes de UPTA han señalado que la organización también llevará esta demanda ante el Ayuntamiento de Madrid, aprovechando la convocatoria del Consejo de Economía Social Municipal, que tiene previsto reunirse el próximo 23 de julio.
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