La consecución de un grupo parlamentario propio en el Parlamento español es una vieja reivindicación del sector más catalanista del PSC. De hecho el partido tuvo en los primeros años de la democracia, grupo propio en el Parlamento. Finalmente esta figura decayó sin que haya quedado nunca claro cual fue la motivación. Los dirigentes catalanistas han vinculado la cesión del grupo parlamentario a una consecuencia de la inestabilidad política que se produjo en los días posteriores al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Se ha de tener en cuenta que existían siete enmiendas sobre el grupo parlamentario, cinco, presentadas por agrupaciones territoriales, lo reclamaban y otras dos estaban en contra de la medida, por lo que el tema se ha solucionado a través de la enmienda transaccional antes citada.
En la segunda jornada del congreso socialista se han aprobado otros puntos novedosos, como la posibilidad de que el partido haga consultas electrónicas a la militancia, aunque dichas medidas no tendrán otros efectos que los consultivos, según ha explicado hoy el presidente socialista catalán, José Montilla en una reunión con las juventudes socialistas.
Otra decisión nueva será la creación de una comisión en el partido dedicada a fomentar el diálogo interterritorial. Esta comisión podría quedar en manos del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que se perfila como un valor en alza en el PSC, de forma que podría quedar integrado en la nueva ejecutiva, con otros alcaldes de capitales provinciales, como los de Lleida, Àngel Ros y el de Tarragona, Fèlix Ballesteros.
Lo que sigue en pié de guerra es la decisión del partido socialista catalán de mantener el pulso para conseguir mejorar la financiación autonómica, en este sentido, José Montilla ha manifestado su convencimiento que el gobierno central no se atreverá a aprobar la nueva financiación en contra de lo que opine Cataluña. Todo ello hace pensar que los discursos del cierre de campaña daran nuevas pistas sobre este debate, ya que está prevista la participación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y del propio Montilla.
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