Dos incendios forestales de bastante magnitud, localizados en las provincias de Zaragoza y de Segovia, y la Unidad Militar de Emergencias que entra en acción. Se cumple con lo previsto, pese a la bisoñez, patente y manifiesta, de los militares en estos menesteres de carácter civil. Las llamas, en ambas localizaciones, se resisten a su extinción, en parte debido a las altas temperaturas del miércoles y de ayer jueves. En las zonas afectadas se movilizan personas y material contraincendios. Normal. Actuaciones propias del caso.
Hasta que ayer jueves, a bombo y cornetín de órdenes, entra en escena la ministra de Defensa, Carme Chacón. ¿Normal? Para la politiquería de escaparate al uso, sí; para la optimización de recursos y la realización de las operaciones, no. Rotundamente no. En plena faena de extinción, la presencia de autoridades en el lugar de los hechos retrasa los trabajos, crea disfunciones y molesta a los profesionales, sean civiles -que son los propios en estas emergencias- como militares –unos mandados a mayor gloria de la errónea política de Protección Civil de Rodríguez Zapatero-, aparte de la confusión inherente en estas situaciones de emergencia.
Si la ministra de Defensa quiere jugar a los bomberos, que lo haga con su ordenador personal. Esto en primer lugar. Todos los efectivos implicados, tanto civiles y también militares, se lo agradecerán mucho. Y, en segundo lugar, las autoridades locales y autonómicas, las que por Ley tienen estas competencias, bastante tienen con hacer frente a la emergencia, como para recibir y atender a una ministra del Gobierno que -no nos engañemos- viene a hacerse la foto de rigor.
Ya en la legislatura pasada, Rodríguez Zapatero al crear la UME, esta Unidad Militar de Emergencias, clónica de la existente en la centralista y centralizada Francia, demostró que seguía en la tradicional y secular inopia de todos los Gobiernos que en España han sido en materia de Protección Civil. Eso por un lado. Por el otro, la elección de militares para destinarlos a emergencias sólo cabe contemplarla en clave economicista. Los militares -a ver qué remedio- no protestan, obedecen. Vamos, que salen más baratos que los retenes autonómicos contratados. Aquí está la lógica de este ilógico planteamiento. Crear, desde el Gobierno central, una unidad de reserva de la Dirección General de Protección Civil para ponerla al servicio de las Comunidades Autónomas es menos apetecible (los funcionarios y el personal contratado tienen derecho de sindicación y capacidad legal de exigir mejoras laborales, económicas y de equipamiento individual) que destinar 4.000 militares a labores plenamente civiles.
¿Cómo se le quedaría el cuerpo a este Gobierno si, un suponer, a una Comunidad Autónoma, le diese por crear, dotar y preparar una Unidad Civil de Combate para intervenir a su aire en Afganistán o el Líbano cuando su Gobierno autónomo tuviese a bien ordenarlo? Sería un auténtico disparate. La política de Defensa, es de cajón, la dirige el Gobierno central. Como también es de cajón que la extinción de incendios debe estar dirigida, única y exclusivamente, por las autoridades del territorio afectado. Lo de ahora es tocar el violón. Eso sí, a ritmo de marcha. Militar, por supuesto.
Si (
No(
