El sector del taxi piden la retirada de un videojuego que tiene como objetivo "matar taxistas"

Las denuncias comenzaron esta semana cuando la Federación Catalana del Taxi se hizo eco de la noticia acaecida unos días antes en Tailandia: un joven confesó haber cometido un brutal crimen -asestó decenas de puñaladas a un taxista de 50 años- basándose en un asesinato que vio en 'Grand Theft Auto IV (GTA IV)', el videojuego en cuestión.

Desde Agetaxi proclamaron su queja contra el GTA IV, ya que no sólo atenta contra los taxistas, "sino también contra embarazadas, gente de limpieza nocturna y personas débiles, en general". Esteban exigió el control de este tipo de productos "que tienen una alta repercusión sobre los ciudadanos" e hizo una llamada de atención "para que se vigile y se haga una examen sobre sus posibles contenidos xenófobos, machistas o violentos".

Por su parte, el sindicato anunció que "solicitarán a la autoridad competente la retirada del juego". Respecto a la noticia del joven asesino, Esteban denunció que es "una clara consecuencia del GTA IV y que, aunque no hay incidencia en toda la población, al final ocurren estas desgracias".

Precisamente el presidente de la Confederación del Taxi de España, José Artemio Ardura Valdés, exigió este domingo a través de un comunicado que, puesto que la libertad de expresión y creación no permiten que el juego sea retirado del mercado, sí que instan a que las autoridades "pongan todo el celo al que los ciudanos tienen derecho para que un juego destinado a personas con edad superior a los 18 años no pueda ser adquirido por menores, como se viene haciendo".

La Confederación matiza que no parece justificado crear una alarma generalizada con este asunto ya que el videojuego es comercializado en España desde el mes de mayo sin que se haya producido incidente alguno. Esta entidad sí que exige que se incluya la prohibición de vender materiales catalogados para mayores de 18 años a los menores de esta edad y la imposición de las sanciones oportunas a quienes vulneren esta cuestión, así como la posible prohibición futura de materiales audiovisuales o escritos que, por su contenido a favor de una violencia selectiva, puedan constituir un riesgo potencial para determinados colectivos.