Madrid es la segunda comunidad que más ayuda a la enseñanza privada concertada

Según los últimos datos provisionales publicados por el Ministerio de Educación, referidos a 2006, el País Vasco es, en relación a su gasto total en educación no universitaria, la comunidad que más dedica a conciertos y subvenciones, con un 30,7 por ciento, y el 22,1 por ciento que dedica Madrid a este fin la sitúa en un segundo lugar, compartido con Cataluña.

El conjunto de administraciones educativas en España transfieren cada año cerca de 5.000 millones de euros a centros docentes privados en concepto de conciertos y subvenciones, lo que representa una media del 17 por ciento de lo que emplean en enseñanza no universitaria.

En 2006, las Consejerías autonómicas de Educación y el Ministerio gastaron 36.930,8 millones de euros, de los que 27.669,3 millones se destinaron a la enseñanza no universitaria, y, dentro de esta partida, 4.726,4 millones fueron para conciertos y subvenciones.

Un año antes la inversión en la educación concertada alcanzó los 4.353,1 millones de euros, según informa el Instituto de Evaluación, dependiente del MEPSYD. Además del País Vasco, Cataluña y Madrid, se encuentran por
encima de la media de financiación de la enseñanza privada concertada Navarra, con un 21,9 por ciento, Cantabria (20,4 por ciento), Comunidad Valenciana (20,2) y Baleares (20,1).

Adecuación de la inversión
Las organizaciones de enseñanza privada FERE-CECA y CECE vienen
reclamando una adecuación de estas cantidades al coste real del puesto escolar en los centros concertados. Según la Encuesta del INE sobre Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada en el curso 2004-2005, las administraciones públicas subvencionan el 75 por ciento de los gastos corrientes de los centros concertados.

En el curso 2005-2006 el 18 por ciento de los centros docentes no universitarios eran privados con todas o parte de sus enseñanzas concertadas y escolarizaban al 26 por ciento de los alumnos. Las administraciones conciertan con los centros privados fundamentalmente la educación básica obligatoria (Primaria y Secundaria Obligatoria), aparte de la Infantil, programas de garantía social y, en menor medida, Bachillerato y FP.

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985) dispuso un sistema de conciertos para conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación de manera gratuita en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza, modelo que "respeta el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza".