José Folgado, Eva Piera y Pedro Rollán explicaron en la sede de Génova las dos medidas estrella bajo el epígrafe
'Medidas para la Acción': liberalización y externalización de los servicios públicos y el reconocimiento unilateral de la normativa más favorable, es decir, la obligación de a aplicar a las empresas la legislación más favorable para la implantación y desarrollo de su negocio.
Romper el "monopolio" público
Eva Piera, viceconsejera de Economía y Hacienda del Ejecutivo Regional, invitó en primer lugar a "romper el monopolio de la Administración Pública" en la Sanidad, Educación y la prestación de los Servicios Sociales, ya que "se ha demostrado" que la gestión pública "es un lastre para la productividad". Dejando la gestión de estas áreas a empresas privadas la productividad podría aumentar un 30%, según Piera.
En segundo lugar, la ponencia aboga por liberalizar los mercados, en la línea de la directiva europea Bolkestein y de lo ya realizado en Madrid con la Ley de Modernización del Comercio. Aquí se incluiría el mercado del suelo, cuya gestión correría a cargo de la iniciativa privada, "quedando la Administración para actuar allí donde no lleguen las empresas".
En cuanto a las reivindicaciones al Estado central, se insiste en la reducción del impuesto de sociedades, el aumento de las deducciones por vivienda y el reconocimiento del aumento de población en la financiación autonómica y de la Ley de Dependencia.
Facilidades para las empresas
La ponencia económica popular, que se someterá a debate los próximos
19 y 20 de septiembre, analiza la situación económica actual y censura la "incapacidad e irresponsabilidad" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis. Por ello, propone las medidas que ya impulsó José María Aznar durante su mandato a nivel nacional y que Esperanza Aguirre ha aplicado en Madrid "con espectaculares resultados", según Pedro Rollán, también alcalde de Torrejón de Ardoz.
El PP insta al Estado a que acometa una "reforma estructural del capital humano y del mercado de trabajo", entendiendo por ello una mayor flexibilidad laboral (abaratamiento del despido) y nuevas fórmulas de contratación. Estas irían acompañadas de garantías de los derechos de los trabajadores, mayor formación adaptada a las necesidades de las empresas y un impulso a la Formación Profesional. El objetivo, detalló Eva Piera, es adaptarse a un mercado cada vez más cambiante, exigente y competitivo.
La medida estrella para empresarios y emprendedores sería el reconocimiento unilateral de la normativa más favorable, de tal manera que las empresas se regirían en Madrid por la legislación más favorable a sus intereses que esté vigente en cualquier comunidad autónoma. Así, la Comunidad se "fiaría" de las normas aprobadas en otros territorios -y a su vez por el Estado, por lo que no habría inseguridad jurídica, aducen- dando enormes facilidades para la instauración de empresas en su territorio.
En la práctica, las empresas no tendrían que pedir permisos y licencias o inscribirse en registros en los que ya figurasen en otras comunidades. Respecto a posibles contradicciones legales, estas se estudiarían caso por caso.
José Folgado -ponente y alcalde de Tres Cantos-, negó que esta medida vaya a desembocar una "guerra" entre territorios en cuanto a legislación. Al contrario, conseguiría atraer a las grandes multinacionales y provocaría que el resto de las comunidades se acogiese a esta norma, impulsando la economía a nivel nacional y colocándola entre las más competitivas a nivel europeo.
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