Las "tomas" institucionales y hasta el ataque con explosivos a una válvula de distribución de gas, signaron la mañána de hoy en la ciudad de Tarija y en varios lugares del Chaco boliviano. La violencia toma la posta en Tarija y el Chaco con un alarmante saldo de daños materiales a instituciones estatales. Por lo pronto no existe posibilidad de diálogo entre las partes.
La crisis política de Bolivia se agravó por la radicalización de las protestas contra el presidente Evo Morales en varias regiones del país, donde se registraron hoy ataques a las infraestructuras energéticas y nuevos choques violentos. El Gobierno denunció un atentado contra un gasoducto en el sur del país, que ocasionó la disminución, en un diez por ciento, de los envíos de gas a Brasil, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
Atribuyó el atentado a grupos de "paramilitares, fascistas y terroristas", presuntamente organizados por fuerzas opositoras. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el Gobierno movilizará desde hoy una "mayor presencia" militar en las instalaciones petroleras para evitar "los atentados criminales".
En la sureña Tarija también se produjeron hoy escaramuzas entre autonomistas y afines a Morales en la capital departamental, donde se declaró un paro cívico que impide el tránsito normal en la ciudad y que también ha afectado a las operaciones de su aeropuerto. Ante la situación, el Gobierno de Bolivia insistió en denunciar que prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores promueven una nueva modalidad de golpe de estado, de carácter civil, para desestabilizar al Ejecutivo con tomas de entidades públicas, bloqueos de carreteras y ataques a los campos de hidrocarburos del sureste boliviano.
El portavoz presidencial, Iván Canelas, sostuvo que los opositores autonomistas están intentando que el Gobierno reaccione de forma violenta a estas protestas y denunció que buscan provocar incluso que haya "uno o dos muertos" para poder tener una bandera contra el presidente. Canelas garantizó que el Ejecutivo no responderá a esa provocación e instó al Ministerio Fiscal a actuar ante los desórdenes promovidos por los radicales.
También, volvió a llamar al diálogo con la oposición que, por su parte, desconfía de las convocatorias porque antes no tuvieron éxito.
El Ejecutivo resaltó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, al no entrar en provocaciones, e incluso destacó su disposición de "poner la otra mejilla" ante las acciones y humillaciones de las que fueron objeto por parte de los grupos violentos. Los sectores sociales afines a Morales, como los indígenas, campesinos y cocaleros, iniciaron hoy medidas de presión contra las protestas de las regiones autonomistas de los últimos días con el bloqueo de una ruta hacia la capital de Santa Cruz que podría durar un mes, según dirigentes de estos colectivos.
El atentado de hoy contra el gasoducto se produjo después de la convulsionada jornada de ayer en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde radicales autonomistas saquearon seis entidades estatales en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Ayer en Santa Cruz, la policía militar se replegó ante las protestas de los autonomistas, algunos de los cuales llegaron a agredir a agentes y a arrebatarles sus armas.
Desde Santa Cruz, sus dirigentes responsabilizaron al presidente Morales por la violencia registrada en el país en las últimas horas, al no reconocer el mandatario las demandas autonomistas de esta región ni las de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca. Los dirigentes de esas cinco regiones, todos opositores, iniciaron hace más de dos semanas una ola de protestas contra el Ejecutivo para exigir que les devuelva los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recortados para pagar una ayuda a los mayores de 60 años.
Esas medidas de presión incluyeron bloqueos en carreteras nacionales e internacionales y la toma de una veintena de entidades estatales.
A los saqueos de Santa Cruz, se sumaron acciones similares en Sucre (capital de Chuquisaca), Trinidad (Beni) y Cobija (Pando). Las autoridades departamentales y cívicas de las cinco regiones autonomistas coinciden en reclamar el autogobierno para sus territorios y en rechazar frontalmente la Constitución con la que Morales quiere refundar Bolivia.
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