Vacaciones fiscales

La Ley de Murphy funciona. Todo lo que va mal todavía puede ir peor. A este Gobierno le crecen los enanos. No encuentra un ‘modelo’ de soluciones adecuado para sacarnos de la profunda crisis en la que nos hemos metido. Las autonomías, en guerra por ver quien saca mejor tajada en el reparto de la pírrica tarta que toca repartir en la  negociación sobre financiación autonómica. Los ayuntamientos piden dinero, un dinero que no se sabe de dónde sacarlo. Y, encima, ahora va el Tribunal Europeo de Justicia y da la razón al Gobierno de Ajuria Enea en un viejo contencioso: el de la autonomía fiscal.

   Un asunto, éste,  que a finales de los ochenta del siglo pasado, - vaya tela con la controversia: tiene más años que los rodapiés de las cuevas de Altamira-, se bautizó con un popular término: las vacaciones fiscales. Eran los tiempos en que José Antonio Ardanza era el lendakari vasco. ETA asustaba tanto que ningún empresario, en su sano juicio, quería  trabajar en el País Vasco: impuesto revolucionario, amenazas de atentados y lindezas parecidas disuadieron a todos los emprendedores a salir por piernas de los territorios históricos para instalarse, a veces, en sus límites. Cantabria, Aragón y La Rioja fueron las comunidades mas beneficiadas por este fenómeno.

   El Gobierno de Vitoria, seriamente preocupado por este asunto que suponía no sólo pérdida de actividad económica sino también de ingresos fiscales, decidió poner en marcha una serie de iniciativas consistentes, esencialmente, en la rebaja de impuestos y otras ventajas de tipo económico y fiscal con el fin de atraer empresas. A esta iniciativa se la llamó ‘vacaciones fiscales’. Con los matices oportunos, los territorios vascos se podían convertir en verdaderos paraísos fiscales y eso no estaba dispuesto a consentirlo el gobierno de Madrid presidido, entonces, por Felipe González con Carlos Solchaga de ministro de Economía.

   El asunto acabó por ser judicializado. Los tribunales dieron la razón al gobierno central y el asunto parecía olvidado hasta que hace unos cuatro años, una sentencia del Tribunal  Europeo de Justicia autorizaba a las Islas Azores a  promulgar su propia normativa en materia fiscal. Vuelta a empezar. Esta vez fueron los gobiernos riojano y cántabro los que se pusieron al frente de la oposición a los privilegios fiscales que pretendían imponer los vascos. Ahora, la sentencia del TUE volverá a generar polémica. Una polémica que llega en un momento muy malo para todos.