Comprometida la exportación de gas

El Gasyrg tiene una extensión de 432 kilómetros y cuenta con 11 válvulas de seguridad a lo largo del ducto.

Según la empresa transportadora Transierra, el incendio se produjo en la válvula tres, ubicada entre los megacampos San Alberto y San Antonio, en la zona de El Palmar, distante a 50 kilómetros al norte de la localidad de Yacuiba (Tarija), fronteriza con Argentina.

Los pobladores contaron a los canales de televisión que el hecho se produjo a las cinco de la mañana de ayer, cuando escucharon un fuerte estruendo que los despertó (la rotura de la llave de seguridad) y después sólo vieron salir fuego de la válvula.

Jorge Boland, gerente Comercial de Transierra, aseguró que ese incidente fue provocado. “Creemos que alguien la manipuló (la válvula) y la cerró. En ese hecho parece que hubo una mala maniobra, y allí se levantó una chispa y comenzó el incendio”.

Un día antes, un grupo de cívicos y sectores radicales opositores al Gobierno dañaron la válvula dos del Gasyrg, pero no lograron interrumpir los envíos de gas natural a Brasil.

Según Boland, la infraestructura asaltada ayer estaba protegida por un cerco de alambre de púas, no contaba con resguardo militar.

Al mediodía, Transierra envió un equipo de técnicos para evaluar el impacto en el medio ambiente de la zona, pero como medida preventiva antes cerró las llaves dos y cuatro del gasoducto para evitar la expansión del fuego.

Por la tarde, la contrapresión del cierre de la válvula tres causó una ruptura en la válvula dos, ubicada en la zona Yaguacua, Sanandita.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, ambos hechos generaron alarma entre los pobladores. “Aunque se hacen todos los esfuerzos para controlar el fuego, prevalecen diferentes riesgos sociales y ambientales. En caso de ocasionarse otra rotura y fuga de elementos altamente inflamables, podrían desatarse nuevos incendios de magnitud, además de serios daños a la flora, fauna, agricultura y agua”.

El Ministerio de Hidrocarburos aseguró que existen cuatro comunidades en el Chaco que corren riesgo por la situación: Yapegupe, Timboy, Palmar Grande y Sunchal, donde están asentadas más de 150 familias.

Suministro de energía

Bolivia tiene un contrato con Brasil para el suministro de 30 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Hasta hace unos días le enviaba 31 millones, pero tras el incidente de ayer dejará de suministrarle unos tres millones.

El hidrocarburo de Bolivia aprovisiona a más de la mitad del mercado comercial brasileño y el 60 por ciento del estado de Sao Paulo, el corazón industrial de esa nación.

Frente a la reducción del volumen de gas, el ministro de Minas y Energía de ese país, Edison Lobao, señaló a Efe que si Bolivia falla en el suministro, su Gobierno pondrá en marcha un “plan de contingencia” que incluye la sustitución de la electricidad producida por gas por la de origen hídrico, la desconexión de algunas plantas e incluso la utilización del mismo hidrocarburo, que la petrolera Petrobras reinyecta en sus yacimientos, para dirigirlo al abastecimiento local.

El embajador de Brasil en Bolivia, Frederico Cezar de Araújo, aseguró que en 48 horas se sentirá el efecto del atentado en el gasoducto, aunque minimizó los daños en el sistema.

Lobao precisó que esa nación no registra pérdidas al momento porque tiene sus reservas de energía. En cambio, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, estimó que la reparación de la infraestructura más la multa que se deberá pagar a Brasil por la disminución del envío de gas natural le costarán al Estado alrededor de 100 millones de dólares. El arreglo demandará entre 15 y 20 días y el daño económico por jornada ascenderá a ocho millones de dólares, que serán facturados a la Prefectura de Tarija.

Existen cuatro comunidades en el Chaco que corren riesgo por la contaminación en el agua.

Evo dice que buscan frenar el proceso de cambio

El presidente Evo Morales calificó como un atentado los sucesos ocurridos en el oriente y el chaco tarijeño que terminaron con la toma de instituciones públicas y campos gasíferos, y cierre de válvulas.

“Lo que ha pasado en el oriente boliviano es algo inaceptable, atentar al patrimonio del pueblo boliviano, atentar contra la nacionalización de los recursos naturales. Hay alguna gente que antes desde el Palacio era enemiga permanente del pueblo y la patria, ahora se va a las prefecturas y desde allá atenta contra la economía nacional, y ésa es una abierta provocación a este proceso de cambio”.

Según el Primer Mandatario, estas intervenciones contra la propiedad estatal alientan un golpe atípico civil-prefectural. Recordó que en 2005, antes del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, el país recibía apenas 300 millones de dólares. En 2007 se llegó a 2.000 millones y en la presente gestión se obtendrán 3.000 millones.

Estos recursos benefician al Gobierno, las prefecturas, municipios y universidades.

Según Morales, los políticos que antes eran enemigos del pueblo desde el Palacio de Gobierno, ahora se fueron a las prefecturas para atentar contra la economía nacional.

“Es una abierta provocación a la política de cambio, a la nacionalización”. Además, cuestionó la intención de que las autoridades de las instituciones tomadas por grupos cívicos sean designadas por los prefectos, lo cual es ilegal e inconstitucional.

Refuerzos

El Gobierno nacional anunció que reforzará con la presencia de más efectivos las instalaciones petroleras a lo largo del país.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló ayer que se dispondrá una “mayor presencia” militar en las instalaciones petroleras para evitar “los atentados criminales” que se produjeron en Tarija, el sur del país.

“El Poder Ejecutivo ha dispuesto una mayor cobertura, una mayor presencia de unidades militares para preservar la infraestructura hidrocarburífera”.

La autoridad argumentó la determinación del Gobierno por el atentado terrorista que sufrió un gasoducto en el departamento de Tarija, que ocasionó la disminución, en un 10 por ciento, de los envíos de gas a Brasil, de acuerdo con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

Quintana indicó que esas acciones y las vividas el martes en la ciudad de Santa Cruz generan la indignación e irritación de los bolivianos, pues afectan la unidad y la economía nacionales.

La autoridad denunció que esos actos intentan poner en riesgo el proceso de nacionalización de los recursos naturales, con lo cual los autores demuestran su desacuerdo con las políticas públicas en beneficio de sectores sociales.

“Estos enemigos de la patria no quieren que haya el Bono Juancito Pinto, no quieren que exista la Renta Dignidad, no quieren que se distribuya la riqueza hidrocarburífera a todos los boliviano y quieren sepultar la nacionalización”. El proceso se inició el 1 de mayo de 2006.