Unas 2.000 personas se manifestaron este domingo por las calles de Madrid para pedir "un mundo sin los muros" que impiden el ejercicio de los derechos de los inmigrantes y para protestar contra medidas y leyes "criminalizantes" contra la población emigrante. La marcha puso fin al III Foro Mundial de las Migraciones que se ha celebrado esta semana en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Responsables de sindicatos, asociaciones de vecinos y de emigrantes y delegados de los noventa países participantes en el Foro recorrieron a pie el camino entre las plazas de Legazpi y Atocha con gritos de "otro mundo es posible" o "ninguna persona es ilegal". Al entrar en la plaza de Atocha los manifestantes atravesaron un simbólico muro en el que rezaba uno de los lemas de la marcha, 'Por un mundo sin muros'.
Previamente, en el Paseo de las Delicias, la marcha se detuvo para rendir un homenaje a Carlos Palomino, el joven antifascista de 16 años asesinado hace unos meses cuando defendía los derechos de los inmigrantes.
El portavoz del Comité Internacional del Foro, Luis Baseggio, explicó que entre las reclamaciones de los manifestantes está su rechazo a la denominada 'directiva de la vergüenza', la Directiva Europea de Retorno de los inmigrantes indocumentados que, según sus detractores incumple los derechos humanos de los inmigrantes.
"Estamos en un momento muy importante de la lucha por la defensa de los derechos de los inmigrantes para que derribemos todos los muros porque otro mundo, sin muros y sin directivas de la vergüenza, es posible", subrayó Baseggio.
Al término de la marcha dos de los delegados participantes en el Foro Mundial de las Migraciones leyeron una declaración con la que los colectivos participantes demandaron medidas como la puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias y el desmantelamiento del Frontex y de todos los instrumentos legales y policiales que "permiten la detención de las personas emigrantes" por el hecho de estar indocumentados.
En el mismo documento, los inmigrantes rechazaron los acuerdos laborales bilaterales de programas temporales de "trabajadores huésped" porque "al impedir el arraigo, propician la sobreexplotación y anulan la posibilidad de reivindicar los derechos". En el comunicado, también contenía reclamaciones como el derecho al voto en las elecciones municipales o la igualdad de oportunidades.
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