Solidaridad democrática contra la revuelta de las oligarquías

La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR)  rindió, con cero faltas, su primera prueba de fuego. En su reunión extraordinaria de Santiago, para examinar la crisis política en Bolivia, puso los puntos sobre las íes y condenó sin ambages la revuelta de las oligarquías bolivianas, que intentó, y lo sigue haciendo, el desconocimiento de la legitimidad constitucional del presidente Evo Morales, refrendada en el reciente Referendo Revocatorio, por el 67 por ciento de la población.

La “Declaración de La Moneda”, suscrita por unanimidad, respaldó al gobierno del Presidente Evo Morales, y rechazó enérgicamente la conspiración en marcha,  y la revuelta desatada por los grupos de poder económico y político de  las regiones secesionistas.

Los países de Unasur  notifican a los revoltosos  que no se reconocerá “cualquier situación  que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional que comprometa la integridad de la República de Bolivia”.

La condena al terrorismo, a la subversión, la desestabilización y el boicot económico, es explícita.

La comunidad  de naciones de América del Sur, por unanimidad -es preciso reiterarlo-  hicieron un llamado a  los sectores políticos y sociales involucrados “a que tomen  las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidacion, de desacato a la institucionalidad democrática y el orden jurídico establecido”.

El documento instó a “preservar la unidad nacional y la integridad territorial del país”, rechazando “cualquier intento de socavar estos principios”.

Unasur, de acuerdo con el presidente Evo Morales, hizo al mismo tiempo un llamado al diálogo como mecanismo para  superar la crisis y el enconamiento de las posiciones, con “pleno respeto -establecen- al Estado de Derecho y al orden legal vigente”, y puso a disposición de las partes los buenos oficios de la entidad, a través  de dos Comisiones que acompañarán el proceso de diálogo,  “conducido por el legítimo gobierno de Bolivia”, y actuando a su requerimiento.

Hasta aquí el documento. Lo que ahora hace falta es que el proceso de normalización de la situación política en Bolivia sea acompañado de una movilización y de una atención por toda la región, sus fuerzas políticas y sociales. No se puede dejar el camino libre a la revuelta oligárquica, que si bien sufrió una contundente derrota este lunes 15 en Santiago de Chile,  aún tiene fuerza como para  desatar la violencia y además cuenta, como es notorio, con apoyos  en la Casa Blanca y en las oligarquías hermanas de la región.

No es casual, por cierto, que los máximos dirigentes de los partidos derechistas chilenos -la Unión Democrática Independiente, UDI y Renovación Nacional, RN- hayan intentado  restarle importancia a la reunión de Unasur y, fundamentalmente a sus resultados y su posicionamiento como protagonista  regional.

La reacción parece lógica, ya la subversión y las revueltas parecen ser  una constante en la actividad política de los grupos oligárquicos en las distintas latitudes latinoamericanas y en diferentes épocas de nuestra historia.

(Por lo demás, cualquier parecido de la situación boliviana de hoy con la del Chile de los años 70, no es mera casualidad. Y a propósito, es de esperar que no debamos esperar otros 35 años  para que al desclasificarse los documentos de la CIA, aparezcan los vínculos  de la agencia y del Departamento de Estado con los separatistas de Santa Cruz y otras regiones rebeldes de Bolivia. Por otro lado la referencia al aniversario del Golpe de Estado de Augusto Pinochet y Richard Nixon el 11 de septiembre de 1973, en la Declaración de Unasur parece más que oportuno).

El inicio de los contactos en Cochabamba, entre el Gobierno  de Bolivia y los Prefectos (gobernadores) de las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, que junto con el de Pando, Leopoldo Fernández, detenido  por la justicia  por su responsabilidad en los hechos de violencia que provocaron a lo menos 15 muertos y 100 desaparecidos,  parece abrir el camino  para restablecer  el clima necesario para las negociaciones.

El gobierno de Evo Morales, respaldo por Unasur,  no ha podido ser presionado ni chantajeado por los prefectos, que exigían la libertad de Fernández como paso previo y condición para sentarse a la mesa de diálogo.

La presencia de observadores de la OEA, de Unasur, de la Unión Europea, como “facilitadores” resalta también la preocupación internacional por el destino de la democracia boliviana y de su Gobierno constitucional.

Es una forma también de notificar a los rebeldes separatistas que deben reconocer la legítima autoridad del presidente Evo Morales y abandonar sus intenciones de   provocar el Golpe de Estado, manu militari o a través de la desestabilización política o económica.

Unasur y la presidenta pro tempore del bloque, la mandataria chilena Michelle Bachelet, hicieron un buen trabajo y demostraron  la capacidad de la región para enfrentar situaciones críticas, y salir adelante. Este será también un mensaje para otros, que se creen con el “destino manifiesto” de “proteger” las democracias de América Latina y del mundo, aunque sea por la vía de las bombas y las invasiones, como en Irak o Afganistán.

Ahora la responsabilidad de seguir atentos a los acontecimientos y frustrar cualquier intento de sabotear el avance, está en manos de los demócratas, estén en los gobiernos de la región o pertenezcan al estado llano de los ciudadanos.

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Marcel Garcés
Periodista