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Los tarjeteros en el banquillo

jueves 22 de septiembre de 2016, 07:31h

En pocos días serán juzgados los individuos que se beneficiaron de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Aunque los procedimientos jurídicos se dilatan en España como si fueran historias interminables, los inculpados terminan por enfrentarse a sus responsabilidades penales. En esa disyuntiva andan los presuntos sinvergüenzas que se pagaron sus caprichos más caros con el dinero de la ciudadanía madrileña. Sin escrúpulo alguno, sabiéndose a salvo de cualquier control fiscal o empresarial, los encausados tiraban de su tarjeta personal y se lo llevaban crudo a casa. Este asunto, tan escandaloso como amoral, no es más que la espuma de un desastre económico sin precedentes.

El intrusismo político en todos los estamentos de la sociedad civil, imparable hasta hoy, ha causado evidentes malformaciones en nuestro sistema institucional. Durante algunos años las cajas mantuvieron su independencia orgánica, pero acabaron rendidas a los intereses de los poderes políticos y de los actores sociales que se mueven en sus órbitas. Los invasores decidieron que las cajas perdieran su condición de organismos beneméritos de crédito social y se convirtieran en instrumentos financieros de partidos políticos, sindicatos y patronales. Lo que sucedió en la extinta Caja Madrid, ahora Bankia, es un ejemplo paradigmático de los daños colaterales que provoca el parasitismo político.

Hace un par de años, nacionalizada Bankia y reflotada después con más de veinte mil millones de deuda pública, estalló en su trastienda el alboroto de las tarjetas black. Sabíamos de la calamitosa gestión que había arruinado a una corporación que fue de todos los madrileños, de los sueldos formidables que cobraban los consejeros representantes de partidos políticos y agentes sociales, de los créditos blandos que allí se les concedía y del bono de influencias perniciosas que llevaba aparejado el cargo, pero no imaginábamos que aquellos consejeros y directivos de Caja Madrid completaban sus ingresos con dinero negro.

Este caso podría ser un ejemplo más de las muchas corruptelas que venimos padeciendo, pero no es así. Un fraude tan peculiar, tan grosero y tan burdo es una burla a la ciudadanía pagana del rescate bancario y una afrenta a los accionistas, depositantes y tenedores de productos bancarios que confiaban en Caja Madrid y posteriormente en Bankia. Mientras los tarjeteros dilapidaban más de quince millones de euros, decenas de miles de clientes, muchos de ellos pensionistas, tenían que peregrinar de arbitraje en arbitraje, de abogado en abogado, de juzgado en juzgado, para recuperar lo que era suyo.

La mayoría de las cajas desaparecieron y con ellas las prestaciones crediticias que ayudaban a los más humildes y financiaban equipamientos comunitarios. Las que se han mantenido abiertas, salvo excepciones extraordinarias, sobreviven convertidas en bancos intervenidos y deficitarios, salvados con caudales públicos que todos los españoles tendremos que devolver a los prestamistas internacionales. Cuando concluya el juicio a los manirrotos que tiraban de tarjetas black, aún quedará pendiente la causa general que castigue a todos los politicastros que demolieron uno de los sectores básicos de la banca nacional.

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