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De rey a rey

jueves 11 de enero de 2018, 11:17h

Este año cumple cuarenta años la Constitución vigente. Son cifras políticamente mayores en un Estado que fue históricamente inestable. El Congreso de los Diputados abrió ayer los trabajos de una comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico promovida a iniciativa del PSOE. Los tres miembros de la ponencia constitucional que viven inauguraron los debates con una clara coincidencia en que reformar la Constitución no es imprescindible y nunca debe intentarse sin un gran acuerdo. Su presencia y su opinión fueron todo lo contrario al artificioso ambiente revisionista que solo existe en la estrategia de algunos políticos y que no responde a ninguna aspiración popular. Estamos muy lejos de las efímeras experiencias republicanas -cuatro presidentes para un año y dos para cinco la segunda- sino también de las vicisitudes de la monarquía, con Isabel II, Amadeo de Saboya y Alfonso XIII destronados. La estructura del Estado que los españoles no distinguen con la debida precisión de las gestiones de los gobiernos, quizá porque estuvieron desempeñadas, en cierto periodo, por una misma persona, no mantuvo incólume el rango ritual de la nación como símbolo de su unidad y de su permanencia esencial, por encima de las tendencias partidarias y de los modos de ejercer el poder en tiempo tasado. Las constituciones no tienen tiempo tasado, como los gobiernos, sino que están redactadas con pretensiones de permanencia indefinida y las posibilidades de cambio o reforma constitucional solo deben producirse por razones trascendentales en que los cambios de ley a ley respondan a un estado de ánimo general que deba ser instrumentado como acuerdo de Estado.

Durante el siglo XX se produjo la consolidación de la Jefatura del Estado como pieza clave de la imagen de un pueblo celoso de su personalidad colectiva y su continuidad esencial. La síntesis enunciada por Torcuato Fernández Miranda con su frase “de ley a ley” hizo posible una transición en la que el cambio político no alteró la imagen de estabilidad institucional al hacer entrar en juego la capacidad de cambio fundada en el acuerdo entre las representaciones de un pasado y de un futuro. Gracias a ello la Constitución pudo ser aprobada por el 88,5% de los votantes y solo debería discutirse sobre su modificación de contar con un posible acuerdo de similares dimensiones. Gracias al respeto a la estructura del Estado, que no es lo mismo que la conformidad con la política de Gobierno, los españoles empezaron a contar de cuarenta en cuarenta años el perfil simbólico de la magistratura estatal. Para ello, lo primero fue el principio de legalidad como norma insoslayable de los cambios de orientación ideológica. “De ley a ley” unas Cortes Españolas pudieron diseñar una Ley de Reforma Política capaz de establecer un Congreso de los Diputados y un Senado con representación básica suficiente para cimentar un consenso constitucional plenamente representativo.

La Jefatura del Estado encarnada en la Corona y personalizada en el Rey Juan Carlos I cumplió cuarenta años de un ciclo progresivo cuya naturaleza democrática no fue incompatible con la convivencia pacífica de los españoles y la adaptación de sus órganos jurídicos y administrativos a las exigencias del cambio de época y de doctrina. La imagen de los Reyes sucesivos, Juan Carlos I y Felipe VI, formalmente subrayada en la ceremonia de la pasada Pascua Militar, nos dice como la estabilidad esencial de España como nación se está produciendo “de Rey a Rey”, tras el ciclo de cuarenta años de un reinado que implica el riguroso cumplimiento del principio de legalidad, “de ley a ley”. Todos los cambios y actualizaciones que sean precisos pueden caber, dentro de este marco de estabilidad constitucional, en beneficio de la paz, la prosperidad y la proyección internacional de la España contemporánea.

Lo pernicioso para el bien común del pueblo español es todo aquello que implique quebrar sin necesidad perentoria el rumbo histórico de la España contemporánea y regresar a las convulsiones que rompían el marco institucional del Estado como método para lograr objetivos políticos de corto plazo. El cantonalismo, el separatismo, el sectarismo y el extremismo son los gérmenes siempre latentes en las sentinas de la nave del Estado que buscan minar los cimientos de la arquitectura del Estado para contaminar la superficie social. Hay que desear que “de ley a ley” y “de Rey a Rey” el futuro de España mantenga intemporalmente la imagen de estabilidad histórica laboriosamente recuperada en el siglo XX. Es un error destructivo creer que la libre competencia entre distintas ideas políticas es una lucha entre sistema y antisistema. La Constitución no es el programa electoral de una parte en la confrontación social sino el marco de seguridad que permite la confrontación de las doctrinas dentro de la legalidad de las formas políticas. La residencia de la Jefatura del Estado en la continuidad de la Corona es la mejor imagen de la estabilidad constitucional del Estado.

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