No por esperada la noticia es menos trágica. El jueves 26 de junio el Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido, un año después de ser aprobada por una escasa mayoría en el Congreso de los Diputados, avalaba la Ley de Amnistía, esa norma infame que borra los delitos del 'Procés' apoyándose en 2 argumentos clave que, por lo menos, son sorprendentes: el Legislador puede regular todo aquello que la Constitución no prohíbe, y el Parlamento está legitimado para legislar sobre todo aquello que considere con el único límite de la prohibición expresa en la Carta Magna.
No es sólo nuestro parecer sino el de un gran número de constitucionalistas españoles que esto de que, a partir de ahora, se dé un cheque en blanco al poder legislativo para hacer lo que la Constitución no prohíba.
Es el comienzo de un camino incierto que, probablemente, concluya con la modificación de facto de la Constitución del 78 por la puerta de atrás. Por lo pronto y tras la Ley de Amnistía avalada por el TC, la libertad y la igualdad ya no son iguales para todos los españoles. La decencia tampoco, pero eso no es nuevo.
En su día, el presidente del Gobierno dijo aquello que "¿de quién depende la Fiscalía General, ¡eh!?, ¿de quién depende…?". No lo ha dicho expresamente todavía, pero podría hacerlo sin escrúpulo alguno refiriéndose también a la presidencia del TC porque Conde-Pumpido ha cumplido con exactitud de reloj suizo el plazo que los 7 votos de Junts que el ejecutivo necesita para seguir gobernando dieron a Sánchez para mantener su apoyo. Santos Cerdán lo negoció en Waterloo con Carles Puigdemont, le dio el plazo de junio de 2025, y la agenda se ha cumplido con precisión matemática.
Pero es imposible que los chantajistas de Junts o de ERC puedan ver satisfechas en algún momento sus pretensiones. Vean, si no, cómo sólo un día después de aprobada la Ley de Amnistía por el TC, los independentistas catalanes ya están enarbolando la bandera de la realización inmediata de un referéndum de independencia para Cataluña, al tiempo que el propio Puigdemont redobla otra vez sus ataques al Rey y vuelve a tachar de prevaricaadores a los jueces del Supremo (por cierto, nada distinto de lo que hace buena parte del gobierno Sánchez casi a diario).
Esta es la prueba del nueve de que la Ley de Amnistía no es más que el pago que ha tenido que asumir el ejecutivo para poder seguir ocupando el Palacio de la Moncloa, y no una conquista que haya conducido a la normalización de la convivencia en Cataluña.
El gobierno Sánchez ha contribuído como ningún otro en la historia de España a elevar a la categoría de irrefutable la afirmación de que la mentira ya no se penaliza en la vida pública. Asistimos cada día a la creación de bulos y mentiras fabricados desde el mismo Palacio de la Moncloa que los propios ministros se encargan de difundir primero, y a defender en tromba después.
Al día siguiente puede que les toque defender exactamente lo contrario que el anterior, pero no hay problema porque ninguno de ellos tendrá la más mínima reticencia (más bien decencia…), de negarse a hacerlo o, lo que aún es mucho más difícil, tomar el camino de la dimisión para salvar así su coherencia personal.
No importa nada, digo, porque han conseguido que, en nuestros días, no haga ya ninguna falta cuidar las apariencias porque mentir forma parte de la vida política cotidiana de quienes detentan el poder.
La consecuencia es evidente, como Hannah Arendt afirmaba en una entrevista en 1974 al decir que "si todo el mundo miente siempre, la consecuencia no es que te creas las mentiras, sino más bien que ya nadie se cree nada".
El efecto narcotizante de la mentira es hoy de tal calibre que, habida cuenta de que la siguiente siempre será mayor que la anterior, es imposible determinar hasta dónde nos va a llevar este cultivo indecente de la mentira.
Así todo es posible, más aún cuando nada parece enervar a la opinión pública, entrenada ya durante años a aguantar carros y carretas vinculadas al mismo gobierno: se minimiza el procesamiento de familiares del presidente; ídem de ídem para 2 ex secretarios de Organización del PSOE, corrupción cotidiana y generalizada de la que a diario conocemos nuevos capítulos a cual más infame.
¿Qué más hace falta para que alguien a quién buena parte de la ciudadanía señala para que acepte su responsabilidad y dimita de una vez o convoque nuevas elecciones? Elecciones que -lo avanzo ya–, en las que los españoles nos veremos en un dilema mucho más profundo que el de elegir a uno u otro partido para gobernar.
En realidad la situación nos pondrá en el trance de resucitar la Constitución del 78 o de asestar a ésta un varapalo mortal y, con ello, probablemente inaugurar un nuevo tiempo que nos aboque a convertirnos en una confederación de estados dentro de la Península Ibérica. Quién avisa no es traidor.
Si (
No(
