Indigestión e indultos

Unión 78, una plataforma ‘cívica y política’ que se presentó públicamente hace un año y que integran personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, llamó a la ciudadanía a movilizarse el pasado domingo, día 13, para hacer patente el rechazo a que el Gobierno Sánchez otorgue el indulto a los políticos que protagonizaron el procés, una postura que está abiertamente en contra de los criterios del Tribunal Supremo.

Decenas de miles de ciudadanos -25.000 según Delegación de Gobierno y 126.000 según la Policía Municipal madrileña- protestaron pacíficamente en el centro de Madrid ante la insistencia machacona del gobierno en seguir hablando de indultos a pesar de que el nacionalismo catalán ni ha pedido perdón, ni se ha arrepentido de lo hecho, ni ha cambiado un ápice ni su discurso, ni sus objetivos, y no para de proclamar pública y constantemente que esto no es más que el principio porque, en realidad, lo que pretende sigue siendo la búsqueda de "Amnistía, autodeterminación e independencia. Sin ningún miedo y con toda convicción”, como ha defendido estos días el propio presidente de la Generalitat, señor Aragonès.

Al menos al nacionalismo catalán no se le puede reprochar su falta de coherencia y de claridad. El gobierno de la nación, sin embargo, viste de concordia, de voluntad de diálogo, de una búsqueda de salidas políticas al conflicto del primero lo que, en realidad, es su única forma de supervivencia después de los compromisos contraídos con quienes el 31 de mayo de 2018 auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Objetivamente la permanencia de Sánchez en la Moncloa depende de ERC, mientras que ERC no necesita a Sánchez para mantenerse al frente de la Generalitat. Por eso mismo, al gobierno no le duelen prendas al airear cínicamente y tirando de argumentario, que no es justicia lo que se busca sino, más bien, venganza, haciendo un triple salto retórico mortal, aunque con él se inmiscuya de lleno en el ámbito del poder judicial.

Las razones, permanentemente contradictorias, que se vienen barajando durante los últimos meses desde la Moncloa para justificar lo que muy poco tiempo antes era justamente la postura contraria ( Sánchez criticaba los indultos «por motivos políticos» antes de llegar a la presidencia del gobierno de la nación), no contribuyen para nada a tranquilizar a la opinión pública que asiste boquiabierta a un duelo dialéctico en el que llega a ponerse en tela de juicio la rectitud, la legalidad y la legitimidad de una sentencia, la emitida por el Tribunal Supremo, tras el referéndum ilegal del 1O, que debiera ser no solo respetada sino también aceptada y ejecutada en su integridad desde el gobierno de la nación.

Cualquier otra cosa, vístase como se vista desde la factoría propagandística y mediática del Palacio de la Moncloa, no puede ser contemplada más que como un perdón de un delito de sedición, claramente tipificado en la Ley española, y debe de abandonarse la senda de la sospecha de que se fue injusto con los condenados, de que sus penas son demasiado severas y, sobre todo, de que el indulto reconducirá al separatismo hacia la senda del respeto a la legalidad. Esa es una expectativa que transita por el mundo de la ilusión y no de la realidad ni de la justicia, y el gobierno lo sabe. El electorado también y medidas como esta van a resultarle difícilmente digeribles por mucho que la factoría Redondo cuente con el paso del tiempo para diluirlas en el café del olvido.