Verbos machistas

El marchamo feminista e igualitario del gobierno, sostenido sobre las discutibles y asimétricas políticas promovidas por Irene Montero desde el ministerio de Igualdad han dado estos días sus primeros resultados adversos: ya son 5 los abusadores liberados y 11 con rebajas de penas entre los condenados por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley del “sí es sí”. Son las primeras de lo que, probablemente y de aquí en adelante, constituirá un rosario de revisiones de penas a todos los condenados.

Y, desde luego, no será por la falta de advertencia al Ministerio de Igualdad por parte de los órganos correspondientes, que las feministas ministeriales decidieron no tomar en consideración. Por el contrario, Irene Montero defendió desde el primer momento que no se iban a poder rebajar condenas con esta ley de Libertades Sexuales.

A renglón seguido, como es siempre la norma de Igualdad, y ante la reducción más escandalosa, la dictada por la Audiencia Provincial correspondiente al rebajar 5 años la pena de cárcel a un hombre por abuso de varios menores, lo cual implica que saldrá de prisión, en el ministerio aseguran que “no es problema de la norma”, sino de la “interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo” que está haciendo la Justicia. Y eso lo asegura la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Afirmaciones como esa vuelven a abrir una nueva grieta en la coalición de gobierno porque, al menos dos ministras, se han pronunciado públicamente contra esta postura. Por un lado, María Jesús Montero, que ha afirmado que “habrá que estudiar «con detenimiento» tanto la norma como las últimas sentencias que han permitido que agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas al amparo de esta ley”. Por otro, Margarita Robles, ministra de Defensa y también magistrada, que ha salido en defensa de sus compañeros jueces al tiempo que rechaza las descalificaciones que se están vertiendo contra ellos por las rebajas de condenas (“A mí nunca me van a encontrar descalificando a los jueces”).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte y una vez más, ha vuelto a sacar una nota expresando su repulsa ante “los intolerables ataques de Podemos a la carrera judicial” y, además, recuerda también que, en febrero del año pasado, ya advirtió al gobierno que la nueva regulación de los delitos sexuales conllevaría la rebaja de condenas.

Es lo malo que tiene legislar a golpe de eslóganes y no con leyes meditadas sosegadamente y revisadas técnicamente por quienes más saben de su aplicación. Luego, claro, las gestoras de la ley se atrincheran para no dar su brazo a torcer e insultan a quienes no hacen más que aplicar la letra y el espíritu contenidos en las normas aprobadas por el Legislativo. Y de admitir un error político desoyendo las voces autorizadas sobre las consecuencias que podría acarrear esa nueva Ley, lo lógico sería dimitir inmediatamente. Pero de eso ni hablar. El de dimitir es, probablemente, un verbo machista y, por tanto, no se conjuga en el ministerio de Igualdad.