Así lo ha indicado el fiscal general del Estado durante su discurso en el acto de apertura del año judicial que preside el
Rey y en el que ha destacado que la sociedad democrática construida en 30 años de vida constitucional exige "ese esfuerzo, no siempre grato".
El fiscal general, que ha iniciado su discurso con unas palabras del presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, ha manifestado que sea cual sea la estrategia de defensa de las conductas corruptas "no logrará en ningún caso deslegitimar la lógica y la acción inexorable del Estado de Derecho".
Así, ha subrayado la lógica de una Justicia igual para todos "sin privilegios y excepciones, sin más límites que los que marca el propio ordenamiento jurídico".
El máximo representante del Ministerio Público ha subrayado asimismo la obsolescencia del sistema procesal penal español en el que, ha dicho, las carencias del marco legal de garantías son más patentes a medida que la sociedad avanza.
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"Fenómenos como la politización de la Justicia y la judicialización de la política tienen que ver no solo con quienes desde cualquier posición pretenden confundir ambas esferas en beneficio propio, sino con la debilidad de un sistema procesal caduco", ha considerado
Conde-Pumpido.
Así, ha dicho que cuestiones como el secreto de sumario, las garantías de los imputados o el sistema de recursos no son problemas que vayan a resolverse "clamando por la imparcialidad del sistema desde posiciones de patente parcialidad".
Por ello, ha expresado su esperanza por el Plan de Modernización de la Justicia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
Conde-Pumpido también se ha referido a la lucha contra el terrorismo en un día en el que llega a España
Garikoitz Aspiazu "Txeroki", extraditado por Francia, país cuya "intensidad" de compromiso ha destacado en el combate de la ley contra los "estertores sangrientos, cada vez más absurdos", de ETA.
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Entre las propuestas de reforma elevadas al Gobierno, ha resaltado la de la prisión provisional tras la doctrina del Tribunal Constitucional que estableció que la sufrida por un imputado o procesado ha de abonarse al cumplimiento de su pena aún cuando coincida con el cumplimiento de otra condena.
Por ello, ha instado a la reforma del artículo 58 del Código Penal para evitar situaciones de impunidad y un "paradójico efecto multiplicador" en la reducción de las condenas de, precisamente, los delincuentes a los que los tribunales han impuesto más medidas cautelares y más penas.
También ha recordado la propuesta de la Fiscalía para reformar de la Ley de Bases de Régimen Local para que evitar que Ayuntamientos sean gobernados por quienes accedieron a ellos en las filas de organizaciones prohibidas por su naturaleza antidemocrática, en referencia a ANV.
El fiscal general ha considerado que esta circunstancia es "hiriente" para la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano y "nocivo" para el funcionamiento del Estado de Derecho y por ello ha estimado que la doctrina de que el escaño no es del partido sino de los electores no puede extrapolarse a una realidad como es que un partido declarado ilegal por el Tribunal Supremo pueda perpetuar su actividad de gobierno.
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