Crisis del Constitucional: el PP alude al valor de la 'palabra de Zapatero'

En 2008, en una reunión en la cumbre, Zapatero y Rajoy pactaron que se procedería a la renovación del Tribunal Constitucional sin vetos de un grupo a otro. Rajoy creyó en la palabra de Zapatero y a la hora de proponer a sus candidatos lo hizo abiertamente. Pero el PSOE dio escaso valor a aquel acuerdo y vetó a dos de los candidatos populares: Enrique López y Francisco José Hernando. Con el tiempo, los socialistas levantaron el veto a Hernando, que había cesado como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, pero no así a López, que también había cesado como portavoz del CGPJ. Ese veto a López, que se inició en el Grupo Socialista en el Senado, se mantiene hoy en día. Aún así, el portavoz accidental del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, y ante el ultimátum dado por el presidente de la Cámara, José Bono, de llegar a un acuerdo antes del 30 de junio, afirma que el veto es de los populares a la propuesta del Gobierno, y que "eso todo el mundo lo sabe". Luego, en privado, los socialistas reconocen que 'no tragarán' con López, porque saben que puede manejar el Constitucional con la misma soltura con la que manejó el Consejo General del Poder Judicial. Y eso suena a peligro. Ahora bien, ante la situación creada por la renuncia -no aceptada- de tres magistrados del Constitucional que cumplieron su mandato en noviembre de 2010 -Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado-, socialistas y populares se afanan por aparecer ante la opinión pública como más pactistas que nunca: la portavoz popular Soraya Sáenz de Santamaría y el socialista Madina dicen querer un acuerdo, pero cada uno emplaza al otro a ceder. Sáenz de Santamaría ha sido más pragmática, aludiendo al 'valor de la palabra dada por Zapatero': ni vetos ni censuras. Así están las cosas y todo parece indicar que no habrá acuerdo. Sin embargo, fuentes jurídicas han informado a este periódico que Alfredo Pérez Rubalcaba estaría dispuesto a llegar a un acuerdo siempre y cuando el PP garantice que tras la renovación del Tribunal Constitucional -hay que elegir a cuatro magistrados- Pascual Sala seguirá presidiéndolo. Se da la circunstancia de que tras una renovación -aunque sea parcial, como ésta- del Constitucional se podría pedir votación para elegir un nuevo presidente. En ese caso, la candidatura de Sala no está tan asegurada, porque aunque la correlación de fuerzas fuera de 7 progresistas -Sala pertenece a este sector- frente a 5 conservadores, nadie sabe qué votaría el magistrado Manuel Aragón. Y un empate podría ser fatal para Sala si el candidato propuesto por los conservadores es de mayor edad que él.